4 DE AGOSTO DE 2020. Cinco años después de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que el 4 de agosto de 2020 dejó al menos 236 muertos, más de 7 mil heridos y una ciudad arrasada, las autoridades libanesas continúan sin ofrecer justicia ni verdad a las víctimas ni a sus familias. Así lo denunciaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un informe conjunto divulgado este 4 de agosto.
Según el comunicado conjunto, lejos de esclarecer responsabilidades, el aparato estatal libanés se ha convertido en el principal obstáculo para la justicia. La investigación nacional, plagada de interferencias políticas, inmunidades procesales y maniobras dilatorias, ha sido saboteada desde dentro por altos cargos civiles y militares. Entre ellos se encuentran generales, parlamentarios e incluso un ex primer ministro que, en lugar de colaborar, han recurrido a todo tipo de artimañas legales para evitar ser interrogados.
El caso del exfiscal Ghassan Oueidat ilustra esta actitud cínica. Procesado por el juez instructor Tarek Bitar, Oueidat no solo se negó a colaborar, sino que contrademandó al magistrado y ordenó la liberación de sospechosos detenidos. Su sucesor anuló esas medidas en marzo de este año, permitiendo una tímida reanudación de la investigación. Pero la impunidad persiste.
“Cinco años de espera son intolerables”, afirmó Reina Wehbi, de Amnistía Internacional. “La justicia retrasada es justicia denegada”.
La investigación debe completarse sin injerencias, advirtieron ambas organizaciones. Porque lo que está en juego no es solo esclarecer un crimen masivo, sino la credibilidad de un Estado que —hasta ahora— ha demostrado estar más interesado en proteger a sus élites que en defender los derechos de sus ciudadanos.
Presidente Aoun promete justicia y juez Tarek Bitar reinicia investigación
Este 4 de agosto de 2025, el juez Tarek Bitar reanudó la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut, a tres días del clamor del presidente Libanés Joseph Aoun de que «la justicia viene en camino» para las víctimas del siniestro.
Un total de 11 figuras de alto rango han sido imputadas por la catástrofe, incluyendo al ex primer ministro Hassan Diab. Entre los acusados se encuentran los ex ministros de Finanzas Ali Hassan Khalil, el de Obras Públicas Ghazi Zeaiter, el de Interior Nohad Machnouk y el de Transportes Youssef Fenianos.
También se ha imputado al ex comandante del ejército Jean Kahwaji, al ex jefe de la seguridad del puerto Mohammed al-Mawla, y al director general de aduanas Badri Daher. Los principales cargos que se les imputan son homicidio intencionado, negligencia y destrucción de pruebas. A pesar de que se han emitido órdenes de arresto, hasta el momento ninguno ha sido arrestado o encarcelado.
El informe revela que se sospecha que la explosión se debe a un cargamento de 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio, arrumbado en un almacén en el puerto de Beirut por un lapso de seis años. Se alega que los acusados conocían los peligros y no tomaron las medidas necesarias para evitar el desastre. La investigación sigue en curso y se espera que se tomen medidas más drásticas en el futuro.
FOTOGRAFÍA: AL JAZEERA
