A solo días de haber sido condenado por la justicia ordinaria, el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha emprendido una nueva estrategia legal para intentar frenar su prisión domiciliaria. La defensa del exmandatario presentó una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de suspender provisionalmente la ejecución de la sentencia dictada.
La jueza Sandra Heredia del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, calificado de histórico, también lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante nueve años y le impone una multa que supera los 800 mil dólares.
Con esta decisión, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser sentenciado por la justicia penal ordinaria. El caso, que ha estado en curso durante más de una década, reveló una compleja red de presiones y manipulación de testigos que, según la jueza, comprometieron la integridad del sistema judicial.
La tutela presentada por la defensa busca evitar que la condena produzca efectos mientras se resuelve la apelación, en una movida que expertos interpretan como una táctica para ganar tiempo. Esta acción se suma a una cadena de recursos legales que, durante años, ha prolongado el desenlace del caso mediante aplazamientos, impugnaciones y controversias sobre la jurisdicción competente.
El Tribunal deberá decidir en los próximos días si admite la tutela y, en su caso, si suspende temporalmente la ejecución de la sentencia. Mientras tanto, el país sigue atento al desenlace de un proceso que ha marcado un hito en la historia judicial y política de Colombia.
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