El gobierno israelí avanza hacia una ocupación total de la Franja de Gaza, según han confirmado distintos medios locales, en un momento en que también se impulsa un ambicioso plan de reconstrucción en las zonas fronterizas del sur de Israel. La ofensiva militar se intensifica mientras continúan los ataques sobre población palestina y se consolidan decisiones clave en el plano político y judicial.
El primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado su intención de cumplir los objetivos militares en Gaza, los cuales incluyen neutralizar a las fuerzas de Hamás, liberar a los rehenes y evitar que el enclave vuelva a representar una amenaza para su país. Esta postura fue respaldada por funcionarios cercanos al mandatario, quienes habrían confirmado que la decisión de ocupar Gaza ya está tomada.
La postura israelí ha recibido el visto bueno de Washington, de acuerdo con el medio Yediot Aharonot, lo que supone un espaldarazo internacional clave en esta nueva fase del conflicto. De hecho, medios como The Jerusalem Post y Canal 12 de Israel han coincidido en que el gabinete de seguridad israelí discute activamente los pasos para ampliar la operación en el enclave.
En paralelo, el gobierno de Tel Aviv presentó un proyecto para duplicar la población en las zonas fronterizas con Gaza, con un plan de infraestructura valorado en más de 939 millones de dólares. Esta iniciativa fue impulsada por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien destacó que el proyecto busca fortalecer comunidades como Ascalón, Netivot, Ofakim y otras localidades del sur, reforzando su seguridad y desarrollo económico.
Mientras tanto, la crisis humanitaria en Gaza continúa agravándose. Las autoridades sanitarias locales han reportado que el conflicto, iniciado en octubre de 2023, ha dejado más de 60 mil muertos y al menos 150 mil personas heridas. En las últimas horas, al menos 74 palestinos murieron durante bombardeos israelíes, una cifra que refleja la intensidad del enfrentamiento actual.
En el plano interno, el sistema judicial israelí también atraviesa momentos críticos. La Suprema Corte suspendió una decisión del gabinete que buscaba remover a la procuradora general del Estado, Gali Baharav-Miara, luego de que ella bloqueara el intento de destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar. La fiscal argumentó que existía un posible conflicto de intereses, ya que Bar lidera una investigación sobre presuntos sobornos relacionados con personas del entorno de Netanyahu.
En el escenario internacional, la presión social contra la guerra sigue creciendo. En Nueva York, cientos de personas se manifestaron frente al Trump International Hotel, donde exigieron el cese del conflicto y denunciaron lo que consideran una campaña de limpieza étnica. Entre los participantes se encontraba Brad Lander, contralor de la ciudad y de origen judío, según reportó The Times of Israel.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, visitó un asentamiento israelí considerado ilegal por el derecho internacional. Durante su recorrido, se refirió al territorio como propiedad legítima del pueblo judío, una declaración que probablemente genere controversia en el ámbito diplomático.
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