El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, enfrenta una creciente ola de críticas luego de confesar públicamente que recurre con regularidad a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y LeChat para obtener “una segunda opinión” en el ejercicio de su cargo.
Kristersson, líder del Partido Moderado y cabeza del actual gobierno de coalición de centroderecha, declaró al diario económico Dagens Industri que él mismo utiliza estos sistemas con frecuencia para evaluar escenarios: “¿Qué han hecho otros? ¿Deberíamos pensar todo lo contrario? Ese tipo de preguntas”.
Pero la revelación no fue bien recibida en diversos sectores de la sociedad sueca. El influyente periódico Aftonbladet acusó a Kristersson de haber “caído en la psicosis de IA de los oligarcas”, una crítica que se suma a los cuestionamientos de especialistas que alertan sobre los riesgos de utilizar sistemas automatizados en tareas gubernamentales.
La investigadora Simone Fischer-Hübner, de la Universidad de Karlstad, declaró a Aftonbladet —según recoge una investigación publicada por The Guardian— que se debe tener “mucho cuidado”, especialmente si se maneja información sensible.
Ante la polémica, el vocero del primer ministro, Tom Samuelsson, intentó minimizar el uso de IA asegurando que Kristersson no comparte datos confidenciales y que utiliza la herramienta solo como una “estimación”.
No obstante, otras voces académicas han señalado peligros más estructurales. Virginia Dignum, profesora de inteligencia artificial responsable en la Universidad de Umeå, advirtió que la IA no está diseñada para formular criterios políticos ni tomar decisiones de fondo.
“Cuanto más se depende de la IA para cosas sencillas, mayor es el riesgo de desarrollar un exceso de confianza en el sistema. Es una pendiente resbaladiza”, afirmó Dignum en entrevista con Dagens Nyheter. Y sentenció: “Debemos exigir que se garantice la fiabilidad. No votamos por ChatGPT”.
Desde una perspectiva crítica, el episodio revela no solo la creciente influencia de la inteligencia artificial en los espacios de poder, sino también los límites democráticos de su implementación. En tiempos donde los intereses corporativos empujan por normalizar el uso de estas herramientas en la gestión pública, la pregunta sigue vigente: ¿quién toma realmente las decisiones?
