El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este martes una nueva lista oficial de las llamadas “jurisdicciones santuario”, identificando a cerca de tres docenas de estados, ciudades y condados que, según la administración del presidente Donald Trump, obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración.
El anuncio se produce dos meses después de que el gobierno federal retirara discretamente una versión anterior de la lista que incluía errores tipográficos y señalaba, sin justificación clara, a cientos de jurisdicciones —algunas incluso de tendencia conservadora— como opositoras a las políticas migratorias federales. Aquella lista fue duramente criticada tanto por funcionarios republicanos como demócratas, y desapareció del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional tras estar publicada apenas tres días.
La nueva lista, depurada y con un enfoque más selectivo, incluye principalmente entidades gobernadas por demócratas, como los estados de Nueva York y California; ciudades como Boston y Nueva York; y condados como Baltimore (Maryland) y Cook (Illinois). Aunque no contempla nuevas sanciones, sí reafirma la voluntad del gobierno federal de continuar litigando contra estas jurisdicciones.
La secretaria de Justicia, Pamela Bondi, declaró que el Departamento “seguiría presentando litigios contra las jurisdicciones santuario” y cooperaría con el Departamento de Seguridad Nacional para eliminar lo que calificó como “políticas perjudiciales”. Bondi sostuvo que “por diseño, las políticas de santuario obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses”.
El término “jurisdicción santuario” carece de una definición oficial, pero se usa comúnmente para describir a gobiernos estatales o locales que limitan la colaboración con las autoridades federales de inmigración, ya sea mediante la negativa a retener a personas para su deportación o la restricción del intercambio de información.
La inclusión de estas entidades responde a una orden ejecutiva firmada por Trump en abril, que instruyó al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia a elaborar una lista de jurisdicciones que, a su juicio, interfieren con la aplicación de las leyes migratorias.
Hasta la fecha, la administración ha emprendido acciones legales contra varias ciudades, incluyendo Nueva York, Denver, Los Ángeles y Rochester, así como contra cuatro localidades en Nueva Jersey. Sin embargo, en algunos casos los tribunales han fallado en contra del gobierno federal: a finales de julio, un juez de Illinois desestimó una demanda que buscaba anular las restricciones impuestas por Chicago a la cooperación entre la policía local y los agentes federales de inmigración.
El nuevo anuncio refuerza el mensaje de la Casa Blanca de que continuará presionando a nivel legal y político a los gobiernos locales que, en su visión, dificultan la implementación de una política migratoria más estricta. La medida, no obstante, vuelve a avivar el debate nacional sobre los límites del poder federal frente a la autonomía de las autoridades locales.
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