La CNDH confirmó que Abel Silva Petriciolet, vinculado al caso Martí y sentenciado en 2022 a 384 años de prisión, fue víctima de tortura a manos de la extinta Policía Federal al momento de su detención en septiembre de 2009.
Aunque la recomendación oficial dirigida a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), omite su nombre, los detalles coinciden plenamente con los del caso de Silva: fue detenido en Atizapán de Zaragoza y presentado ante medios de comunicación al día siguiente.
La queja fue interpuesta en junio de 2022, alegando que la detención fue ilegal y que la víctima fue obligada a declarar bajo amenazas de muerte y daño a su familia. También denunció la violación al derecho a la presunción de inocencia.
Tras el análisis de los expedientes, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos, particularmente a la integridad personal, al trato digno, la libertad, la legalidad y la seguridad jurídica. Estos abusos constituyen actos de tortura y retención ilegal, según el organismo.
Los peritajes médico-psicológicos, elaborados conforme al Protocolo de Estambul por personal del Consejo de la Judicatura Federal, constataron lesiones físicas, estrés postraumático, baja autoestima y debilidad emocional. Algunos estudios datan desde 2017.
La CNDH exigió que se repare integralmente el daño, se le inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se le brinde atención médica y psicológica adecuada.
Además, llamó a la SSPC a cooperar plenamente en la indagatoria penal aún abierta por estos hechos, y reiteró su obligación de prevenir la tortura y de garantizar el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.
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