El gobernador Gavin Newsom ha solicitado formalmente al gobierno federal que revele cuánto dinero público se ha gastado en el despliegue militar que la administración Trump ejecutó en California, a pesar de la oposición de autoridades estatales y locales. Mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), la oficina del gobernador busca obtener todos los documentos que detallen los gastos asociados a la activación de los Marines y la federalización de la Guardia Nacional desde el 7 de junio.
Este despliegue, calificado por el gobierno estatal como una “intervención ilegal”, continúa generando consecuencias económicas, sociales y políticas en California. A casi dos meses del inicio de la operación, aún permanecen 300 efectivos de la Guardia Nacional en la base de Los Alamitos, aunque 4,700 ya han sido retirados.
Desde el inicio de esta operación, el Departamento de Defensa estimó un gasto de $134 millones, monto que podría haber aumentado conforme avanzaron las acciones en el sur de California.
El gobernador Newsom ha expresado preocupación por el daño económico generado por estas acciones, especialmente en sectores clave como la construcción, la agricultura y la hospitalidad. Un reciente informe económico estima que las redadas migratorias y la presencia militar han generado una caída del 3.1% en la asistencia laboral del sector privado, similar a las cifras registradas durante los confinamientos por la pandemia.
Durante reuniones con líderes comunitarios y propietarios de pequeños negocios, Newsom escuchó testimonios sobre cómo estas acciones han afectado directamente a los trabajadores, muchos de los cuales tienen empleos esenciales en el estado. La amenaza constante de detención y deportación ha creado un clima de miedo que impacta negativamente en la productividad y estabilidad económica local.
Además, se estima que una deportación masiva podría significar pérdidas por $275 mil millones para California, y una disminución de $23 mil millones anuales en recaudación fiscal. En 2022, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con $8.5 mil millones en impuestos estatales y locales, cifra que podría superar los $10 mil millones si tuvieran acceso legal al empleo.
El despliegue federal también ha tenido repercusiones inmediatas en los servicios básicos de los californianos, ya que miles de miembros de la Guardia Nacional fueron extraídos de sus ocupaciones civiles. Esto incluye personal médico, educadores, policías, trabajadores agrícolas, técnicos en tecnología y empleados públicos.
El caso Newsom vs. Trump, que será revisado por un tribunal federal la próxima semana, ha sumado apoyos significativos. Un grupo bipartidista de 25 exgobernadores presentó un escrito legal en respaldo al gobernador californiano, argumentando que la federalización de la Guardia Nacional atenta contra la soberanía estatal.
A este respaldo se suman altos mandos militares retirados y organizaciones de veteranos, quienes han advertido sobre los riesgos de utilizar a las fuerzas armadas con fines políticos y sin justificación legal. Consideran que estas decisiones socavan la autoridad del estado y crean un precedente peligroso para el equilibrio de poderes.
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