En una decisión que reaviva las tensiones sobre la representación política y los derechos de los migrantes, el presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó la realización de un nuevo censo poblacional que excluya deliberadamente a los inmigrantes indocumentados, a pesar de que el próximo censo oficial está previsto para 2030.
“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión… utilizando los resultados de las Elecciones Presidenciales de 2024”, escribió el mandatario en su red Truth Social, dejando claro que los más de 11 millones de migrantes sin papeles que residen en EE.UU. no serán contabilizados.
El anuncio ha sido calificado por expertos y líderes políticos como una maniobra inconstitucional, pues la Constitución estadounidense establece que el censo debe incluir a todas las personas que viven en el país, sin importar su estatus migratorio. Además, solo el Congreso tiene la autoridad legal para ordenar censos adicionales, los cuales, por norma, tienen fines meramente estadísticos y no pueden ser utilizados para redibujar distritos electorales.
Una estrategia para alterar el mapa político
El anuncio no es aislado. Llega en medio de un intento del Partido Republicano en Texas por redibujar los distritos electorales estatales, una jugada que añadiría cinco escaños a la bancada republicana en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones de medio término en 2026. La propuesta ha sido ampliamente rechazada por legisladores demócratas, quienes incluso abandonaron el estado para impedir el quórum necesario.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha respondido con amenazas de destitución y arresto contra los congresistas ausentes, lo que eleva aún más la tensión política en un estado clave.
Organizaciones pro derechos civiles advierten que el plan de Trump representa una forma sofisticada de gerrymandering, es decir, la manipulación deliberada de los mapas electorales para favorecer a un partido político. La exclusión de millones de personas del conteo poblacional podría alterar la representación en el Congreso y desviar fondos federales, afectando directamente a comunidades vulnerables.
No es la primera vez que Trump intenta modificar el conteo poblacional. Durante su primera administración, ya buscó excluir a los indocumentados del Censo 2020, pero los tribunales federales lo frenaron por considerarlo ilegal. Aun así, su gobierno fue señalado por subcontar de manera significativa a la comunidad latina, con un margen de error del 4,99 %, lo que representó la omisión de más de tres millones de personas.
En contraste, la población blanca no hispana fue sobrecontada en un 1,64 %, reforzando las acusaciones de manipulación racial en el conteo.
Un nuevo frente de batalla política
La intención de realizar un censo intermedio para redibujar distritos representa un nuevo frente en la ofensiva política de Trump. Aunque la Constitución establece un censo cada diez años —y el próximo debe realizarse en 2030—, el presidente parece decidido a forzar un proceso paralelo para consolidar su poder legislativo rumbo a las elecciones presidenciales de 2028.
Desde 1790, el censo decenal ha sido una herramienta clave para distribuir recursos federales y definir la representación política en todos los niveles. Cualquier alteración en su estructura puede tener consecuencias sistémicas y duraderas.
Diversos líderes demócratas y expertos constitucionalistas han advertido que la propuesta carece de sustento legal y podría enfrentar nuevos litigios en los tribunales. Estados como California y Nueva York ya han expresado su rechazo y han planteado la posibilidad de contramedidas.
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