El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una orden que autoriza a las fuerzas armadas a actuar directamente contra organizaciones del narcotráfico en América Latina, según reveló The New York Times. Esta medida representa un giro agresivo en la estrategia de seguridad de su administración, al extender la participación militar a tareas tradicionalmente reservadas a agencias civiles.
De acuerdo con fuentes citadas por el diario, el Pentágono ya desarrolla planes operativos que contemplan acciones tanto en altamar como en territorio extranjero. Estas acciones estarían enfocadas en combatir el flujo de drogas como el fentanilo, que ha sido identificado por la administración como una amenaza directa a la seguridad nacional.
La medida fue conocida después de que la Casa Blanca duplicara la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de colaborar con grupos criminales como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Este movimiento ha sido interpretado por analistas como un posible indicio de intervención bajo el pretexto del combate al narcotráfico, evocando la operación militar que Estados Unidos realizó en Panamá en 1989.
El periodista especializado Ioan Grillo ha señalado que al interior de la Casa Blanca existen posturas encontradas respecto a la relación con México. Por un lado, un grupo impulsa la cooperación bilateral; por otro, se impulsa una estrategia que incluye posibles ataques militares contra cárteles en territorio mexicano.
Grillo reveló que ya se realizan entrenamientos militares en la base Fort Bliss, Texas, para una eventual intervención. Sin embargo, advierte que esta opción enfrenta obstáculos políticos y legales, especialmente porque la participación de tropas extranjeras en México es un tema extremadamente sensible.
La legalidad de estas acciones también está en entredicho. Expertos cuestionan si el uso del Ejército en operaciones fuera de un conflicto armado aprobado por el Congreso podría implicar responsabilidades legales, sobre todo si resultaran muertes de civiles que no representen una amenaza inmediata. Hasta ahora, no se ha hecho pública ninguna evaluación jurídica formal por parte del Departamento de Justicia ni del Consejo Legal de la Casa Blanca.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ha reforzado su política de seguridad fronteriza. Ha desplegado la Guardia Nacional y tropas en servicio activo en la frontera sur, intensificando los esfuerzos de vigilancia e interdicción de drogas. Además, ha insistido en clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, medida que incrementa la justificación legal para operar en su contra fuera de Estados Unidos.
El gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha apostado por mantener el diálogo y la cooperación con Washington. No obstante, las posibles incursiones militares planteadas por la administración Trump podrían tensar la relación bilateral y generar una respuesta contundente desde la Ciudad de México.
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