La defensa legal de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios de México y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, denunció ante una Corte Federal en Nueva York que su cliente está siendo sometido a condiciones carcelarias extremas, comparables a las aplicadas a terroristas, a pesar de no haber sido condenado por ningún delito en Estados Unidos.
En una moción presentada ante el juez de distrito Frederic Block, el abogado Mark DeMarco solicitó el levantamiento inmediato de las Medidas Especiales Administrativas (SAMs) que rigen la reclusión de Caro Quintero desde su extradición en febrero pasado. Según la defensa, dichas medidas violan sus derechos humanos, impiden una defensa legal adecuada y atentan contra su salud física y mental.
“El gobierno ha impuesto estas restricciones sin demostrar que el Sr. Quintero representa un riesgo real. Las medidas se basan en mitos y leyendas que lo han rodeado durante años, no en hechos comprobables”, señala el documento legal, revelado por el periodista mexicano Arturo Ángel.
Desde su llegada a la Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Caro Quintero, de 72 años, ha permanecido 23 horas al día confinado en una celda sin ventanas y con luz encendida de forma permanente. Durante los fines de semana, permanece encerrado las 24 horas, sin acceso a ejercicio físico, visitas presenciales ni contacto físico con sus familiares. Solo ha podido hacer una o dos llamadas telefónicas, breves y monitoreadas, a su familia en México.
Además, sus abogados argumentan que Caro Quintero únicamente habla español, lo cual agrava su situación, ya que la mayoría del personal penitenciario no habla su idioma. Aunque teóricamente tiene acceso a una televisión, nunca se le ha proporcionado, y el único medio de distracción que posee es un radio que no utiliza por la barrera idiomática.
La defensa sostiene que el gobierno estadounidense no ha presentado evidencia alguna que justifique el régimen de aislamiento extremo, ni existen antecedentes de intentos de fuga o actos violentos por parte del acusado desde su reaprehensión en 2022.
“Estas condiciones vulneran el derecho al debido proceso, a la asistencia legal efectiva y a la libertad de expresión”, subrayó DeMarco, al destacar que ni siquiera pueden transmitir mensajes de su cliente a su familia debido a las restricciones impuestas por las SAMs.
Caro Quintero enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, crimen que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Desde su extradición, permanece en espera de juicio.
La petición de su defensa ocurre pocos días después de que el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump informara que descarta buscar la pena de muerte para varios capos del narcotráfico presos en EE.UU., incluyendo a Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy.
El equipo legal exige que el juez convoque una audiencia urgente para determinar si las condiciones actuales de reclusión tienen sustento legal o deben ser modificadas de inmediato. Por ahora, el narcotraficante mexicano sigue encerrado en aislamiento total, sin juicio ni sentencia.
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