8 DE AGOSTO DE 2025. Por dilación sistemática de la acción de la justicia mexicana ante una madre cuya hija había desaparecido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que «el Estado parte (México) violó diversos derechos de la Sra. Flores Román», madre buscadora de la joven desaparecida Ivette Melissa, «previstos en los artículos por dicha Convención, de la que México es signataria. Además, el Comité subraya que los estados partes «(…) están obligados a proceder con la diligencia debida para prevenir, investigar, enjuiciar y castigar actos de violencia por motivos de género».
Así lo certifica el Dictamen del Comité en virtud del artículo 7, párrafo 3, del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación núm. 153/2020, y republicado hoy, 8 de agosto de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. La medida es importante, ya que se trata de la opinión de un organismo internacional independiente, en posición de aportar una interpretación objetiva ante un caso judicial en el que la promovente no se vio adecuadamente atendida, ni acompañada por el personal competente,
La historia de Ivette Melissa
Ivette Melissa Flores Román conoció a Humberto Velázquez Flores en Iguala, Guerrero, con quien tuvo una hija a los 16 años. Tras mudarse con la familia de su pareja, sufrió maltrato continuo, siendo aislada de su familia, controlada y golpeada. Después de escapar, las amenazas de Humberto y su familia no cesaron, llegando a disparar varias veces contra la casa de la autora. El padre del expareja, Humberto Velázquez Delgado, un policía ministerial, también la amenazó de muerte directamente.
En la madrugada del 24 de octubre de 2012, cinco hombres armados forzaron la entrada a la casa donde se encontraba la víctima. Tras realizar varios disparos, secuestraron a Ivette Melissa y a su cuñada. Aunque la cuñada fue liberada días después, Ivette Melissa permaneció desaparecida.
A pesar de las denuncias inmediatas de la familia, las investigaciones de las autoridades locales y federales estuvieron plagadas de omisiones e ineficacia. Las fiscalías no activaron una búsqueda inmediata ni investigaron adecuadamente a los principales sospechosos, incluyendo a Humberto Velázquez Delgado, a pesar de su historial de violencia, amenazas previas y vínculos con el crimen organizado.
Además, se negaron a aplicar una perspectiva de género a la investigación, a pesar del claro contexto de violencia doméstica. Una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un posterior amparo confirmaron las graves fallas y la falta de debida diligencia por parte de las autoridades, dejando el caso sin resolver y a Ivette Melissa sin ser localizada.
La madre de Ivette, Sandra Luz Román, llevó hasta la ONU el caso de su hija en 2019, con el Estado mexicano como imputado por no otorgar efectivamente, al menos en este caso, medidas de protección la mujer contra violencias inminentes, ni derecho a la justicia, ni recopilación de inteligencia para trabajar en conjunto con los padres de la
desaparecida en su pronta localización, ni diversas garantías que se ha firmado en tratados internacionales. Entre las conclusiones, el Comité expresó que » la impunidad por estos delitos contribuye de forma significativa a la consolidación de una cultura de
aceptación de las formas más extremas de violencia de género contra las mujeres en la sociedad, lo que contribuye a que sigan cometiéndose. Tales fallos u omisiones constituyen violaciones de los derechos humanos.»
Además, la conclusión observa que » las autoridades no tomaron con inmediatez la declaración de la autora y de la esposa de su hijo, quien fue liberada, con el fin de localizar a la Sra. Flores Román, indagar sobre el riesgo que se cometieran actos
graves de violencia por razón de género en contra de ella, y prevenir que tales actos ocurrieran.»
Y lo más importante: «El Comité considera, además, que el expediente revela información que sugería que personas vinculadas a organizaciones criminales se beneficiaron de la autorización, el apoyo, la aquiescencia y de las omisiones del Estado parte con
respecto a la desaparición de la hija de la autora. Por consiguiente, y ante el patrón de desapariciones de mujeres en el Estado de Guerrero e impunidad prevaleciente, el Comité considera que el Estado parte tiene responsabilidad en el presente hecho de
alegada desaparición forzada».
Como parte de las medidas reparatorias, el gobierno tuvo que ofrecer el 12 de marzo de 2025 una disculpa pública por la desaparición de Sandra Ivette Flores Román, a quien deberá compensar económicamente, entre otros acuerdos reparatorios. El Dictamen del Comité se puede leer aquí, y la versión que el gobierno de México publicó en el DOF se puede consultar aquí.
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