La reciente designación de Alejandra Pani Barragán como presidenta nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) marca un momento relevante para el sistema de control interno del país. No se trata únicamente de un reconocimiento personal, sino de que las entidades federativas buscan fortalecer los mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en un momento en el que la ciudadanía exige instituciones sólidas y controles más efectivos.
Pani Barragán llega a este encargo con una trayectoria que combina experiencia técnica y conocimiento de la administración pública. Ha ocupado responsabilidades municipales, legislativas y estatales, y esta pluralidad le brinda una mirada amplia sobre las tensiones, retos y limitaciones de los órganos de control en México. En tiempos en que la confianza pública es difícil de sostener, esa perspectiva resulta valiosa.
Su elección por parte de los contralores estatales revela un consenso que no es menor. La CPCE-F no es un órgano decorativo; es un espacio donde se construyen acuerdos operativos, lineamientos, proyectos de capacitación y políticas de coordinación que influyen directamente en cómo se fiscalizan los recursos públicos en los 32 estados. La presidencia implica articular voluntades muy diversas y conciliar realidades institucionales profundamente distintas. Ese será quizá su principal desafío.
Uno de los aspectos más relevantes de esta designación es que coloca a Morelos en la conversación nacional. Durante años, nuestro estado fue testigo de tensiones políticas y administrativas que dejaron secuelas en materia de control interno. Hoy, el hecho de que una funcionaria morelense presida la CPCE-F abre la posibilidad de mostrar capacidades profesionales y reconstruir la imagen institucional a nivel país.
Sin embargo, más allá de los reflectores, la tarea que le espera a Alejandra Pani exige sobriedad, técnica y claridad estratégica. La coordinación nacional no se sostiene en discursos aspiracionales, sino en resultados tangibles: auditorías más sólidas, mecanismos de integridad vivos, prevención de riesgos de corrupción, profesionalización del personal y mayor colaboración con los poderes públicos y los órganos internos de control. La agenda nacional no admite improvisación, y en ese sentido, su perfil orientado a procesos y al cumplimiento legal puede jugar a su favor.
La CPCE-F también enfrenta un contexto complejo derivado de los cambios constitucionales recientes y de la reconfiguración institucional en materia de transparencia. La relación entre control interno, rendición de cuentas y acceso a la información será determinante en los próximos años, y ahí la presidenta nacional deberá ser prudente y no barrera; articuladora y no administradora rutinaria.
Habrá quien observe su nombramiento con escepticismo (como ocurre con cualquier cargo público), pero lo cierto es que su responsabilidad abre una oportunidad: demostrar que desde Morelos se puede impulsar una visión moderna del control, con ética pública, profesionalización constante y una coordinación real entre los estados.
Si lo logra, su periodo al frente de la CPCE-F no sólo dejará huella en la institución. También contribuirá a que la vigilancia del recurso público sea más efectiva, más técnica y menos sujeta a inercias políticas. El país lo necesita. Y la ciudadanía también.
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