Enero suele venderse como el mes de los propósitos, de las nuevas oportunidades y de los comienzos. Sin embargo, para millones de personas iniciar un nuevo año no significa esperanza, sino cansancio acumulado. Cansancio emocional, económico y social. Comenzar de nuevo no siempre es una decisión personal; muchas veces es un privilegio que no todos pueden ejercer. Por eso, hablar del derecho a empezar de nuevo implica necesariamente hablar de salud mental y dignidad humana.
Durante años, la salud mental se ha reducido al ámbito privado, como si el bienestar emocional dependiera únicamente de la fortaleza individual. Bajo esta lógica, quien no puede “salir adelante” carga además con la culpa de no lograrlo. Esta narrativa es profundamente injusta. Las emociones no se desarrollan en el vacío: se construyen en contextos marcados por la violencia, la desigualdad, la precariedad laboral, la sobrecarga de responsabilidades y la falta de redes de apoyo. Ignorar esto es desconocer la dimensión social de la salud mental.
El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de exigencias renovadas: productividad, cumplimiento de metas, eficiencia, resultados. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos si las personas cuentan con las condiciones mínimas para responder esas demandas. ¿Cómo exigir estabilidad a quien vive en incertidumbre constante? ¿Cómo pedir compromiso cívico a una ciudadanía emocionalmente agotada? ¿Cómo hablar de legalidad y orden cuando el desgaste psicológico se ha normalizado?
Desde una perspectiva de derechos humanos, la salud mental no es un lujo ni una concesión, es parte del derecho a una vida digna. El Estado no solo debe garantizar seguridad jurídica o servicios básicos; también tiene la obligación de generar condiciones que permitan a las personas vivir con bienestar emocional. La omisión en esta materia no es neutral: profundiza la exclusión, reproduce desigualdades y debilita el tejido social.
No se trata de medicalizar la vida cotidiana ni de trasladar toda responsabilidad al gobierno, sino de reconocer que las políticas públicas también impactan en la salud emocional de las personas. Jornadas laborales extensas, trámites deshumanizados, instituciones que no escuchan, violencia cotidiana y falta de acceso a servicios psicológicos accesibles son factores que erosionan silenciosamente la dignidad.
Iniciar un nuevo año debería ser también una oportunidad para replantear prioridades. Si aspiramos a una sociedad más justa, más segura y más participativa, debemos colocar la salud mental en el centro del debate público. No como un tema secundario o asistencial, sino como una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Empezar de nuevo no debería depender únicamente de la fuerza individual. Debería ser una posibilidad real, respaldada por instituciones que comprendan que cuidar la salud mental de la ciudadanía no es un gasto, sino una inversión en cohesión social, democracia y futuro. Porque una sociedad que no cuida a las personas difícilmente puede llamarse justa.
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