Hay frases que resumen la tragedia de un país. “Hijo, vámonos a casa”, dijo Cecilia Flores al encontrar los restos de uno de sus hijos en Sonora. No es sólo una despedida, es el colapso de una nación que ha normalizado la ausencia. En esa frase cabe el dolor de al menos 130 mil familias mexicanas que viven en una especie de limbo: sin duelo cerrado, sin justicia, sin certeza. Es la expresión más cruda de un México donde la desaparición no sólo borra cuerpos, sino también biografías, derechos y esperanzas.
En ese contexto, el informe de personas desaparecidas presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes 27 de marzo no es un documento más. Es, o debería ser, un punto de inflexión en la forma en que el Estado mexicano reconoce, mide y enfrenta una de las crisis humanitarias más profundas de su historia contemporánea.
Los datos son tan contundentes como incómodos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 1952 a 2026 se han acumulado 394,645 registros. De ellos, 262,111 personas han sido localizadas, es decir, el 66%. Sin embargo, detrás de ese porcentaje aparentemente alentador se esconde una realidad mucho más compleja: 200,211 personas fueron encontradas con vida, mientras que 21,900 fueron localizadas sin vida. Y aún permanecen desaparecidas 132,534 personas.
Es aquí donde comienza la verdadera discusión. Porque los números no sólo deben leerse, deben interpretarse. De esas 132,534 personas desaparecidas, 2,356 corresponden a casos de larga data, entre 1952 y 2005. Pero el grueso del problema —130,178 personas— se concentra de 2006 a la fecha. Es decir, la desaparición en México no es un fenómeno histórico residual, sino una crisis contemporánea que se agudizó en las últimas dos décadas.
El informe tiene un mérito fundamental: no maquilla la magnitud del problema. Por el contrario, lo desagrega en tres grandes bloques que permiten entender la complejidad del fenómeno. El primero, correspondiente al 36% (46,742 personas), agrupa a quienes no cuentan con datos suficientes. Este es el fracaso institucional en su forma más pura: personas que desaparecieron sin dejar rastro documental, sin investigación eficaz, sin Estado.
El segundo bloque, equivalente al 31% (40,308 personas), corresponde a quienes han registrado alguna actividad posterior a su desaparición: trámites ante el INE, movimientos bancarios, registros civiles. Aquí el problema no es la ausencia de información, sino la incapacidad del Estado para cruzarla, interpretarla y actuar en consecuencia.
El tercer bloque, el 33% restante (43,128 personas), es quizá el más desgarrador: existen datos sobre estas personas, pero no han registrado ninguna actividad desde su desaparición. Son, en términos prácticos, los casos donde el tiempo ha jugado en contra y donde la probabilidad de encontrarlos con vida disminuye con cada día que pasa.
Esta clasificación no es menor. Representa un cambio metodológico que, bien utilizado, puede traducirse en estrategias diferenciadas de búsqueda. No se puede buscar igual a quien dejó rastros administrativos recientes que a quien desapareció sin datos o a quien no ha tenido actividad en años. El informe, en ese sentido, abre la puerta a una política pública más sofisticada, más focalizada, más inteligente.
Pero también evidencia una verdad incómoda: durante años, el Estado mexicano fue incapaz de construir sistemas de información confiables, de coordinar instituciones, de darle seguimiento a los casos. La desaparición no sólo fue tolerada, también fue invisibilizada por la burocracia.
Por eso, el informe de la presidenta Sheinbaum debe entenderse como un primer paso, no como una meta alcanzada. Reconocer el tamaño del problema no equivale a resolverlo. Sin embargo, sin ese reconocimiento, cualquier política pública está condenada al fracaso.
Hay otro elemento central que el informe sugiere, pero que debe convertirse en eje rector: la relación con las madres buscadoras y los colectivos de familiares. Durante años, han sido ellas —no el Estado— quienes han sostenido la búsqueda. Han aprendido a excavar, a leer la tierra, a interpretar indicios, a organizar brigadas. Han hecho, en los hechos, el trabajo que le correspondía a las instituciones.
El caso de Cecilia Flores no es una excepción, es la regla. Y por ello, cualquier estrategia que no las incluya está condenada a la simulación. El Estado no puede seguir actuando como si partiera de cero. Los colectivos tienen bases de datos, testimonios, mapas, experiencias acumuladas. Ignorarlos sería no sólo un error político, sino una falta ética.
El informe apunta correctamente a la necesidad de cotejar registros, de completar expedientes, de construir una estrategia integral de búsqueda. Pero esto implica algo más profundo: reconstruir la confianza entre las víctimas y el Estado. Una tarea que no se logra con discursos, sino con resultados.
Porque hay un riesgo latente en este tipo de ejercicios: que los números se conviertan en un refugio técnico que diluya la responsabilidad política. Clasificar no es lo mismo que encontrar. Diagnosticar no es lo mismo que resolver. Y en un país donde la impunidad ha sido la norma, la ciudadanía tiene razones de sobra para desconfiar.
La desaparición en México no es un fenómeno aislado. Está vinculada al crimen organizado, a redes de trata, a conflictos territoriales, a corrupción institucional. Es un síntoma de un Estado que, durante años, perdió el control de amplias regiones del país. Por eso, cualquier política de búsqueda debe ir acompañada de una política de prevención y de combate a las estructuras que generan desapariciones.
En este punto, el informe abre más preguntas de las que responde. ¿Cómo se coordinarán las fiscalías estatales con la federación? ¿Qué papel jugarán las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se garantizará la protección de los colectivos buscadores, que en muchos casos operan bajo amenaza? ¿Qué presupuesto se destinará a estas tareas?
La dimensión del problema exige respuestas estructurales. No se trata sólo de encontrar a los desaparecidos, sino de evitar que haya más. Y eso implica revisar desde los protocolos de investigación hasta las políticas de seguridad pública, pasando por la depuración de corporaciones policiales y ministeriales.
Sin embargo, sería injusto no reconocer el valor político del informe. En un país donde durante años se negó o minimizó la crisis de desapariciones, poner los datos sobre la mesa es, en sí mismo, un acto de responsabilidad. No resuelve el problema, pero cambia el punto de partida.
La clave estará en lo que siga. Si el informe se convierte en una herramienta de acción, en un mapa para orientar políticas públicas, entonces habrá valido la pena. Si, por el contrario, queda como un documento más en el archivo gubernamental, será una oportunidad perdida.
México no puede darse ese lujo. Cada número en ese informe tiene nombre, historia, familia. Cada cifra es una vida interrumpida. Y cada día que pasa sin respuestas es una herida que se profundiza.
“Hijo, vámonos a casa”. La frase de Cecilia Flores no debería ser un acto de resignación, sino un mandato para el Estado mexicano. Porque mientras haya una sola madre buscando en fosas clandestinas, el país seguirá en deuda consigo mismo. Y ningún informe, por completo que sea, podrá sustituir la urgencia de encontrarlos.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
