Recuerdo que hace algunos años, cuando tomaba clase en la Facultad de Derecho -y en ese entonces, de Ciencias Sociales- de nuestra Benemérita Universidad, uno de mis profesores nos comentó, medio en broma medio en serio, como solían ser los comentarios de experiencia práctica en todas las materias, que había algunos abogados que ante cualquier situación en que se encontraran, iban a hacer todo lo posible para no quedar en evidencia frente a sus clientes. Desde fingir desmayos o infartos en audiencias, hasta comerse escritos cuando reciben los expedientes para revisarlos. Todo, nos dijo él ese día y lo confirmamos nosotros después; todo, lo que fuera necesario para trabajar menos. Para no esforzarse en absoluto.
Una serie de eventos particulares, muchos años después, hizo que entre los amigos cercanos llamáramos a ese tipo de abogados “cacahuateros”. Había dos razones para ello. La primera, es que es el tipo de abogado que para obtener una ventaja sobre su contraparte y también sobre su cliente, es capaz de realizar cualquier cosa: sacar copias a sobreprecio, certificarlas de manera poco legal, buscar notarios que acepten cambiar datos y, de ahí el nombre, hasta vender cacahuates si es preciso.
La otra, es que normalmente ellos hacen lo que, desde siempre, se ha conocido como “el litigio de cantina” y que consiste en intentar llevar a cualquier persona de un juzgado a tomar con ellos para recibir ayuda, por mínima que sea, en sus casos. Como normalmente no quieren ser ellos quienes se emborrachen, me decía un compañero muy estimado, su secreto estaba en “comer todos los cacahuates que pudieran”.
Los tiempos cambiaron, claro, y este tipo de actividades se volvieron más difíciles, aunque contrario a lo que algunos intentan presentar, tampoco imposibles. No sólo por la profesionalización del Poder Judicial, pues siempre existió gente profesional, seria y honesta en éste, sino porque los avances tecnológicos dificultaron llevar a cabo esas acciones sin ser descubiertos. En nuestro bolso ahora, está en todos lados y todo el tiempo, una grabadora, cámara fotográfica, de video e incluso monitor de salud y ubicación.
Sin embargo, el espíritu de ese abogado cacahuatero no se extinguió. El avance tecnológico no es, por sí mismo, el fin de los procesos sociales anteriores a él, sino el reflejo de esas relaciones y de las condiciones de existencia que presentan. Por ello, antes de desaparecer, lo que esas formas buscan es siempre adaptarse a las nuevas condiciones.
Las elecciones judiciales colocaron un nuevo escenario, tanto político, como especialmente en la práctica jurídica de las y los abogados, tanto en los postulantes como aquellos que buscan tener un puesto de elección popular e incluso presentarse ante la carrera judicial. En él, quizá, el “litigio de cantina” ha sido ya casi totalmente rebasado. Lo siguen haciendo las personas de dinero, que cuentan con la tecnología para bloquear dicho avance tecnológico generalizado, pero no es ya para todo el público. Bajo la nueva visión del mundo, resulta demasiado burdo e incluso, podríamos decir, contraproducente ser visto en esas condiciones y por ello, se comienza a usar más como forma de extorsión que de convencimiento.
Pero, al mismo tiempo que ese proceso cambia, surge igualmente otras formas que le suplen. Una de ellas, quizá la principal dentro de estos abogados cacahuateros, es el llamado “litigio en redes”, que ha cambiado la intentona de presionar al funcionario judicial mediante la cooptación o el chantaje de la borrachera, por la presión social de “la funa” en twitter, tik-tok, o las distintas presentaciones de meta. Atacar al juez por ser “electo” llamándole “juez del bienestar” o venir “del acordeón” antes que aceptar que son ellos mismos que hicieron mal las cosas, que se equivocaron o que desconocen de la materia se volvió una salida fácil que permite, por un lado, mostrarle al cliente que no fue su propia incompetencia la que generó el problema que tiene y por otro, recibir el apoyo de muchos otros abogados que han tomado esta misma estrategia e incluso, si tienen suficiente capital simbólico, de algunas “personalidades” políticas o de redes sociales.
Durante las últimas semanas han sido presentados, en esta intentona, muchísimos audios, videos y narraciones en que se acusa a los jueces recientemente electos -y ojo, inclusive a muchísimos que no lo son, sino que son jueces del anterior sistema que no fueron sorteados y que si bien no tienen nada que ver con este proceso, son presentados como tal para justificación de los abogados que los critican- de desconocimiento, ignorancia (que no es lo mismo), estulticia o sesgos políticos. En varios de ellos, es verdad, se nota la falta de pericia técnica, de conocimientos específicos o de confusiones conceptuales. Justo como siempre ha sucedido. He sido, durante muchos años, profesor de diversas escuelas judiciales, universidades públicas y privadas, comisiones y sistemas de profesionalización, y he tenido como estudiantes bajo mi cargo, a cientos de juzgadores de todos los niveles posibles, a excepción de ministros en funciones (aunque si, gente que posteriormente, serían ministros). Como alguien con esa experiencia, debo decir que los problemas que veo no son ni los más graves, ni tampoco novedosos. Son los problemas derivados de la forma en que enseñamos el derecho y sobre todo, de la forma en que el derecho y la sociedad se relacionan.
Además de ello, debo decir, que he visto muchísimos de esos videos y grabaciones como una prueba de que los abogados cacahuateros no dejan de existir. Son quejas sin sustento, “funas” que no hacen sino demostrar desconocimiento de quien las hace y argumentos que no sólo están equivocados, sino que además muestran a la perfección por qué esos abogados pierden los casos. Pero hay una cámara de eco instalada en algunos círculos y personas -especialmente aquellos que tienen intereses partidistas- que hacen que no se escuchen razones ni argumentos, sino que a través de la ira contenida por cuestiones políticas, le den la razón a quien, de otra forma, se entendería inmediatamente como equivocada.
A través de esta visión parcializada de la realidad, parece ser que aquello que todas y todos los abogados tenemos décadas quejándonos -como el maltrato de los titulares de los órganos jurisdiccionales, el sesgo para atender ciertos casos, el sentimiento de superioridad de algunas autoridades y el formalismo a ultranza de cosas que deberían ser más flexibles- comenzaron en el momento de las elecciones. Más aún, que comenzaron ahí y se multiplicaron a todos los jueces, sin importar su procedencia. Siempre resulta más fácil atacar a ese proceso que observar y cuestionar si estas características son intrínsecas de la forma en que se constituye el poder judicial en nuestro país. O mejor aún, si no será que lo vemos así, porque no contamos con suficientes conocimientos, habilidades técnicas y capital cultural para obtener sentencias favorables y por lo tanto, reconocer que el sistema está sesgado de origen.
Considero que un muy buen ejemplo de ello, es el texto que el sin ninguna duda brillante profesor Luigi Ferrajoli presentó en la revista “Jueces por la democracia” sobre la reforma judicial. El texto, que es un artículo de opinión superficial sobre un tema del que él mismo ha reconocido no conoce mucho, se ha intentado presentar como un análisis académico e inclusive etnográfico o empírico que “demuestra” científicamente que la reforma es un error. Esto no me sorprende cuando se trata de personas que no tienen conocimientos metodológicos, sino que lo ven reproducido de esa forma por quienes si cuentan con ellos. Pero, debo decirlo, si me parece por lo menos extraño, cuando es presentado así por quienes yo sé que cuentan con dichos conocimientos. Profesoras y profesores, académicos e investigadoras que usan sus puestos y nombres para intentar dotar de esa opinión, de un velo de inviolabilidad para “los legos” o ignorantes, como les llamamos en el lenguaje cotidiano.
Lo mismo me sucede, por ejemplo, cuando gente que tiene experiencia judicial -o que por lo menos han llevado casos como abogados postulantes/litigantes- intenta repetir la mentira de los cientos (que bueno que no dijeron miles o millones) de asesores de los nuevos ministros, colocando listas en donde se incluye no sólo al personal de las salas, las ponencias y los órganos administrativos de la Corte, sino incluso a quienes tienen contratos para actividades de manutención, de limpieza y de vigilancia. Como si un Secretario de acuerdos, un Proyectista, un Secretario Técnico, un Administrador de personal, o un Encargado de manutención fueran “asesores” de dichos ministros.
Reitero: de la gente que no tiene contacto con esos espacios, lo entiendo. De quienes sabemos que ganan dinero repitiendo esas mentiras, lo rechazo, pero sé las razones. Ahora, de quienes inclusive han trabajado en esos puestos, me sorprende. Y por ellos, es que sé, que la idea de los abogados cacahuateros, se ha resignificado en los nuevos tiempos. Por eso, como decimos siempre en mi grupo de amigos, debemos recordar que no es malo ser un mal abogado, porque un mal abogado puede mejorar, pero no es así, para quien activamente busca engañar a su cliente, a su contraparte y a la autoridad para evitar el trabajo serio.
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