Voy al Seven Eleven de la vuelta de mi casa. Es septiembre y los refrigeradores están llenos de cerveza y refresco, listos para las fiestas patrias. Lo que sorprende no es la abundancia, sino la paradoja de los precios: una lata de cerveza cuesta prácticamente lo mismo que una lata de soda; y una botella de agua Ciel o Bonafont vale casi lo mismo que cualquiera de las anteriores. Ya si hablamos de marcas como Evian o Zoé, el costo se duplica como si beber agua fuera un lujo europeo. Esa escena, se repite en Oxxo, en Walmart o en la tiendita de la esquina, sirve de fondo para discutir la propuesta incluida en el paquete económico 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum: elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos y bebidas saborizadas de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro, un aumento de 87 % en la cuota.
No soy amigo ni defensor de las refresqueras, particularmente de gigantes como Coca-Cola y Pepsi, que arrasaron con la industria refresquera nacional y con decenas de marcas locales que sobrevivían en los pueblos y ciudades del país. Pero tampoco soy ingenuo: aunque la medida tiene un claro propósito de salud pública —disminuir el consumo de azúcar y con ello las enfermedades relacionadas—, también tiene un efecto ineludible sobre la economía popular. Subir el precio de los refrescos puede reducir la ingesta en algunos sectores, pero es insuficiente para transformar hábitos de consumo en un país donde el refresco está culturalmente arraigado y el agua potable es un privilegio más que un derecho garantizado.
El gobierno defiende la medida con argumentos. México consume alrededor de 166 litros de refresco por persona al año, lo que lo coloca entre los países con mayor ingesta per cápita del mundo. Las consecuencias son devastadoras:
- Cuatro de cada diez niños presentan sobrepeso u obesidad.
- Uno de cada tres casos nuevos de diabetes tipo 2 está relacionado con bebidas azucaradas.
- Uno de cada siete eventos cardiovasculares (infartos, embolias, accidentes cerebrovasculares) se atribuye al consumo de refrescos.
A ello se suma una pérdida de calidad de vida: quienes consumen refrescos de manera cotidiana acumulan complicaciones crónicas como hígado graso, insuficiencia renal y amputaciones. No es casualidad que México lidere estadísticas de mortalidad por diabetes y que buena parte del presupuesto de salud se destine a atender las secuelas de una adicción dulce y barata.
Desde esa óptica, el aumento del IEPS es una estrategia justificada. Si una Coca-Cola de 600 ml aumenta alrededor de 1 peso (4.9 % del precio actual), la idea es que el consumidor reconsidere su decisión de compra y, eventualmente, disminuya su consumo. Es el mismo principio que ha funcionado con el tabaco o el alcohol: el precio como disuasivo.
El detalle es que en México la medida se topa con un muro estructural: el acceso al agua. En países europeos donde se gravan las bebidas azucaradas, el agua del grifo es potable y gratuita. En México, beber del grifo equivale a jugar a la ruleta rusa con bacterias y metales pesados. El Estado ha fallado en garantizar un derecho básico: agua segura y accesible.
Ante esta realidad, subir el costo de los refrescos sin bajar el agua va en contra del consumidor. De nada sirve que el IEPS encarezca el refresco si una botella de agua cuesta lo mismo, o más, y no hay bebederos públicos funcionales. El resultado es perverso: los hogares de bajos ingresos, que ya destinan buena parte de su presupuesto a alimentos y bebidas, seguirán comprando refrescos porque cuestan casi igual que el agua y más atractivos por sabor y costumbre.
La política pública debe acompañarse de:
- Bajar el costo del agua embotellada mediante subsidios directos o reducciones fiscales.
- Instalar bebederos públicos funcionales y seguros en plazas, escuelas, hospitales y oficinas gubernamentales.
- Establecer que restaurantes y fondas ofrezcan agua potable gratuita, desde la fonda de barrio hasta los restaurantes de lujo como Quintonil o Pujol.
Sin estas condiciones, el impuesto se convierte en un gesto político que recauda, pero no transforma.
El gobierno estima que el impacto en el consumidor será “marginal”: alrededor de 1 peso por envase de 600 ml. Pero en un país donde los salarios reales apenas alcanzan para cubrir la canasta básica, ese peso se multiplica. Una familia que compra dos o tres refrescos al día verá incrementado su gasto semanal en más de 20 pesos, lo que en un mes equivale al costo de una despensa básica. No se trata de un privilegio, sino de un hábito con raíces profundas en la cultura.
El efecto recaudatorio es evidente: el Estado ingresará miles de millones de pesos adicionales, que en teoría deberían destinarse a programas de salud y prevención. Pero la historia reciente nos dice que estas decisiones se pierden en los callejones oscuros del presupuesto. La burra no era arisca pero los impuestos al tabaco y al alcohol, por ejemplo, nunca se vieron en campañas de prevención o atención a enfermos de cáncer o alcohólicos. La duda es si este nuevo incremento terminará siendo otro ingreso fiscal etiquetado en el papel, pero diluido en la práctica.
No hay duda de que las refresqueras tienen responsabilidad en esta crisis de salud pública. Durante décadas inundaron el mercado con publicidad agresiva, penetraron en las comunidades más pobres y sustituyeron al agua como bebida cotidiana. Sin embargo, el aumento al IEPS no golpea a las empresas —que trasladan el costo al consumidor—, sino a la población. Coca-Cola y Pepsi no dejarán de vender; simplemente ajustarán precios y seguirán generando utilidades astronómicas. El verdadero peso recae en la señora que compra un litro de soda para acompañar los frijoles o en el obrero que refresca su jornada con una botella de 600 ml.
En este sentido, la medida es contradictoria: pretende regular un problema de salud pública, pero no toca de fondo a las empresas que lo generan. Se requiere ir más allá del impuesto: limitar la publicidad dirigida a niños, regular el tamaño de las porciones, obligar a etiquetar con mayor claridad, y fomentar la competencia con bebidas saludables producidas localmente.
A pesar de sus limitaciones, no puede negarse que el impuesto tiene un sustento real: el costo sanitario del consumo de refrescos es gigantesco. La diabetes y las enfermedades relacionadas requiere recursos inmensos en hospitalizaciones, medicamentos y tratamientos. El sistema de salud público carga con esos costos que son financiados por los contribuyentes.
El problema es que esta lógica fiscal no siempre considera las desigualdades. Los sectores más pobres son los que más consumen refrescos y los que menos acceso tienen a alternativas saludables. Así las cosas, estos aumentos se convierten en acciones regresivas: cobra más, en términos proporcionales, a quienes menos tienen. La política pública debería equilibrar ese efecto con subsidios al agua y programas de nutrición.
El aumento al IEPS en el paquete económico 2026 es una medida necesaria, pero claramente insuficiente. Sirve como un recordatorio de que el Estado no puede permanecer indiferente ante la epidemia de azúcar que mata a miles de mexicanos cada año. También revela las limitaciones de una estrategia sustentada en el precio.
Para que este “avión vuele”, debe incluir: Acceso universal al agua potable segura y gratuita; educación nutricional desde la infancia; regulación estricta de la publicidad refresquera, y apoyo a alternativas locales y saludables.
Solo así este incremento dejará de ser un parche para convertirse en una auténtica estrategia de salud pública.
La escena del Seven Eleven o el Oxxo con refrigeradores llenos de cerveza y refrescos al mismo precio que el agua, es un “meme” de nuestro fracaso colectivo. Permitimos que la bebida esencial para la vida se convierta en un lujo, mientras normalizamos que los niños tomen refresco a diario. El aumento del IEPS es un paso en la dirección correcta, pero no es la solución.
Si de verdad queremos transformar los hábitos alimenticios, necesitamos más que un impuesto, requerimos un cambio cultural y estructural, donde beber agua sea lo más barato, seguro y natural. Mientras tanto, el nuevo impuesto será otro recordatorio de que la salud pública no se defiende solo con leyes, sino con decisiones coherentes que pongan al pueblo por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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