En política, los tiempos legales rara vez coinciden con los tiempos reales. La ley marca calendarios; la ambición, en cambio, dicta ritmos. Y en México, una vez más, estamos frente a esa vieja paradoja: mientras el calendario electoral señala que el proceso federal de 2027 iniciará formalmente en octubre, con precampañas en los primeros meses de 2027 y campañas en la primavera, la realidad política ya se adelantó. La competencia comenzó mucho antes, incluso antes de que el Senado defina el destino del llamado plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La antesala de Semana Santa se convirtió en un punto de inflexión. Mientras el país se prepara para los días de recogimiento religioso, la clase política se alista para lo contrario: una expansión acelerada de su presencia pública. No importa si el dictamen del plan B llega o se queda en el limbo legislativo; lo cierto es que, regresando de los días santos, comenzará un frenesí político que no reconoce límites formales. Es el arranque de la campaña permanente.
Porque esa es la verdadera lógica que impera: la de una competencia sin pausa. Las campañas electorales ya no son un periodo acotado, sino una práctica continua. Lo que veremos en los próximos meses será una avalancha de espectaculares con portadas de revistas inexistentes, entrevistas a modo, pautas masivas en redes sociales, filantropía electoral y bardas pintadas en cada rincón del país. Nombres, rostros y eslóganes inundarán el espacio público, aunque sin logotipos partidistas ni cargos explícitos. La simulación se ha perfeccionado.
Y lo más relevante: todo esto ocurre, en apariencia, dentro de la legalidad. Ningún actor político —al menos en sentido estricto— viola la ley. Simplemente explotan sus vacíos. Aprovechan las zonas grises de la legislación electoral y la falta de contundencia de las autoridades para sancionar conductas que, aunque evidentes, son difíciles de encuadrar jurídicamente. La norma regula los tiempos formales, pero deja sin control la antesala, que en la práctica es donde se define gran parte de la contienda.
Morena fue pionero. Desde 2018, con un Andrés Manuel López Obrador que acumulaba dos campañas presidenciales previas, el movimiento entendió que la anticipación era clave. En 2021, tras las elecciones intermedias, perfeccionó el método: procesos internos de “organización” para designar a sus “defensores de la transformación”. Más tarde, replicó la fórmula a nivel presidencial con las llamadas “corcholatas”. El resultado fue claro: ventaja competitiva, posicionamiento temprano y control narrativo.
La oposición, en un primer momento, subestimó esta estrategia. Apostó por la denuncia, confiando en que las autoridades electorales o la opinión pública sancionarían estas prácticas. No ocurrió. Por el contrario, Morena consolidó una ventaja estructural que se tradujo en triunfos electorales. La lección fue aprendida, aunque tarde.
Hoy, de cara a 2027, todas las fuerzas políticas han decidido jugar bajo las mismas reglas no escritas. Morena ya definió que para mediados de año contará con sus coordinadores estatales, seguidos por los distritales y municipales. Es decir, tendrá meses de ventaja territorial y mediática. En muchos estados, la verdadera contienda no será la elección constitucional, sino la encuesta interna que defina a esos coordinadores.
Pero la novedad es que la oposición también ha optado por adelantar los tiempos. El PRI ha diseñado figuras similares a los “defensores”, que recorrerán el territorio bajo el argumento de fortalecer la estructura partidista. El PAN ha anunciado métodos de selección basados en encuestas, replicando la lógica de posicionamiento previo. El Partido Verde, fiel a su pragmatismo, ya perfila candidaturas en varios estados. Y el PT, como aliado estratégico, no tardará en sumarse a esta dinámica.
Así, la competencia se traslada a un terreno donde la ley es difusa y la fiscalización prácticamente inexistente. Se trata de una disputa por visibilidad, por narrativa, por presencia territorial. Una carrera de resistencia, no de velocidad. Quien llegue primero al imaginario colectivo tendrá una ventaja difícil de revertir en los tiempos formales.
Sin embargo, reducir este fenómeno a la ambición de los actores políticos sería simplista. El problema es estructural. El diseño institucional del sistema electoral mexicano genera incentivos para adelantar las campañas. La regulación se concentra en los periodos oficiales, pero ignora lo que ocurre antes. Y en ese vacío, la política encuentra su espacio natural.
Además, existe un elemento clave: la falta de voluntad política para cerrar esas brechas. Las autoridades electorales, atrapadas entre la presión de los partidos y la complejidad jurídica, han optado por una interpretación restrictiva de sus facultades. El resultado es una permisividad de facto que normaliza la campaña anticipada.
Las consecuencias de este modelo son profundas. En primer lugar, se distorsiona la equidad en la contienda. Los aspirantes con mayores recursos —económicos, mediáticos o territoriales— pueden posicionarse con mucha anticipación, generando una ventaja difícil de equilibrar. En segundo lugar, se deteriora la gestión pública. Funcionarios que deberían estar concentrados en gobernar dedican tiempo y energía a construir candidaturas.
Pero quizás el efecto más preocupante es la polarización permanente. Si la política se convierte en una campaña continua, el debate público se contamina de propaganda, de mensajes simplificados, de confrontación constante. Se pierde espacio para la deliberación seria, para el análisis de políticas públicas, para la construcción de consensos.
México entra así en una lógica de hiperpolitización donde todo se interpreta en clave electoral. Cada decisión de gobierno, cada iniciativa legislativa, cada declaración pública, se evalúa no por su mérito, sino por su impacto en la contienda. La política deja de ser un instrumento para resolver problemas y se convierte en un fin en sí mismo: ganar elecciones.
En este contexto, la frase de Martín Luis Guzmán cobra plena vigencia: “ningún político va en contra de sus intereses”. Y hoy, el interés de la clase política mexicana es claro: adelantarse, posicionarse, competir sin descanso. La campaña permanente no es una anomalía; es el nuevo estándar.
La pregunta de fondo es si este modelo es sostenible. ¿Puede una democracia funcionar adecuadamente cuando sus actores viven en campaña constante? ¿Es posible construir políticas públicas de largo plazo en un entorno dominado por la lógica electoral?
El desafío no es menor. Se requiere una revisión profunda del marco legal, pero también de la cultura política. No basta con cerrar vacíos normativos; es necesario replantear los incentivos que hoy empujan a los actores a competir de manera anticipada.
De cara a 2027, todo indica que veremos la elección más larga de la historia reciente. No por la duración formal del proceso, sino por la intensidad de la competencia previa. Los meses que vienen estarán marcados por una saturación de mensajes, por una disputa constante por la atención pública.
La ciudadanía, en medio de este escenario, enfrentará un reto adicional: distinguir entre información y propaganda, entre gestión y campaña, entre representación y ambición. No será tarea sencilla.
Pero quizá ahí radica la última esperanza. En una sociedad más crítica, más informada, capaz de exigir rendición de cuentas más allá de los tiempos electorales. Porque si la clase política ha decidido vivir en campaña permanente, la ciudadanía tendrá que aprender a evaluarla también de manera permanente.
De lo contrario, el riesgo es claro: una democracia que se desgasta en su propia lógica, atrapada en un ciclo infinito de competencia, donde lo importante ya no es gobernar, sino simplemente ganar.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
