El tercer año de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión comienza con una cifra que debería provocar algo más que satisfacción entre las mayorías parlamentarias. En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han aprobado 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales o nuevas leyes. A ellas habrá que agregar por lo menos 16 iniciativas que, de acuerdo con lo anunciado por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, serán enviadas al Congreso durante el nuevo periodo ordinario. Reformar parece haberse convertido nuevamente en sinónimo de gobernar.
Claudia Sheinbaum presentará este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno. Las estadísticas legislativas demuestran que la primera presidenta de México ha seguido una tradición que prácticamente todos sus antecesores han cultivado desde hace más de un siglo: modificar la Constitución de acuerdo con las necesidades, circunstancias y prioridades del gobierno en turno. Nuestro Frankenstein constitucional continúa creciendo. Se le agregan párrafos, fracciones, obligaciones, prohibiciones, instituciones y hasta políticas públicas. Algunas modificaciones han sido indispensables; otras, discutibles, y unas cuantas perfectamente prescindibles. Pobre Constitución: ha sido reformada, trasquilada, parchada y pocas veces verdaderamente mejorada por el poder.
No se trata de defender la Constitución como si fuera un texto sagrado. Las constituciones deben cambiar porque las sociedades también cambian. El problema comienza cuando la reforma constitucional deja de ser excepcional y se convierte en instrumento cotidiano de gobierno. Hay reformas necesarias para ampliar derechos, corregir injusticias o transformar instituciones agotadas; otras responden a compromisos políticos y algunas nacen simplemente del calor del momento. Lo verdaderamente peligroso es utilizar la Constitución para resolver coyunturas políticas, enfrentar adversarios o mandar mensajes. Una regla básica debería imponerse siempre: nunca legislar con dedicatoria, aunque el destinatario resulte profundamente antipático.
En este contexto aparece la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los requisitos relacionados con la nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta plantea reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para establecer que quienes pretendan desempeñar estos cargos no cuenten con otra nacionalidad y, cuando sea el caso, renuncien previamente a ella. La argumentación política parece sencilla: quien gobierne una entidad federativa o aspire a representar al Estado mexicano desde Palacio Nacional debe mantener una lealtad inequívoca hacia México.
Hasta ahí todo parece razonable. El problema comienza cuando uno se pregunta qué problema concreto intenta solucionar esta reforma. ¿Existe una crisis institucional provocada por gobernadores con doble nacionalidad? ¿La soberanía mexicana se encuentra amenazada porque ciudadanos mexicanos posean además otra nacionalidad? ¿Tenemos antecedentes recientes de presidentes o gobernadores que hayan utilizado una segunda nacionalidad para traicionar los intereses del país? Si las respuestas son negativas, entonces debemos preguntarnos por qué es necesario modificar tres artículos constitucionales. No toda preocupación política merece convertirse en disposición constitucional, menos todavía cuando afecta los derechos políticos de millones de mexicanos.
La propuesta no se limita a exigir una definición formal antes de la candidatura. Durante el ejercicio del cargo existirían restricciones para solicitar o adquirir otra nacionalidad, invocar una nacionalidad diferente ante autoridades extranjeras, utilizar determinados documentos de otro país, ejercer derechos políticos en el extranjero o acogerse a la protección diplomática de otra nación. El propósito declarado es garantizar la lealtad institucional y colocar el interés nacional por encima de cualquier vínculo jurídico con otro Estado. El concepto suena poderoso, pero constitucionalizar la lealtad no necesariamente garantiza políticos leales. La historia mexicana ofrece suficientes ejemplos de personajes con una sola nacionalidad que actuaron contra los intereses nacionales.
Como ocurre frecuentemente cuando una reforma parece tener nombres y apellidos, algunos personajes decidieron ponerse inmediatamente el saco. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas y adversario político de Morena, y Ricardo Salinas Pliego, empresario convertido en uno de los críticos más estridentes del gobierno, señalaron que la iniciativa era en su contra. Que ellos se consideren destinatarios no demuestra que efectivamente lo sean.
Las constituciones no deberían redactarse pensando en Ricardo Salinas Pliego, Francisco García Cabeza de Vaca ni en ningún otro personaje coyuntural. Las personas pasan; las normas permanecen. Si Salinas Pliego quiere participar políticamente, deberá sujetarse a las leyes electorales. Si García Cabeza de Vaca pretende regresar a la vida pública, tendrá que enfrentar sus circunstancias políticas y jurídicas. Para eso existen instituciones, tribunales, autoridades electorales y ciudadanos que votan. Modificar la Constitución para cerrar preventivamente el paso a determinadas personas significaría aceptar una práctica peligrosa: utilizar la mayoría legislativa para establecer obstáculos dirigidos contra adversarios presentes o futuros.
Además, cuando hablamos de doble nacionalidad no estamos hablando de unos cuantos empresarios multimillonarios o políticos controvertidos. Estamos hablando de millones de personas. Las estimaciones disponibles permiten dimensionar una realidad social que México no puede ignorar: existe una enorme población vinculada simultáneamente con México y Estados Unidos. Millones nacieron en territorio estadounidense siendo hijos de mexicanos y tienen derecho a la nacionalidad mexicana; otros millones nacieron en México y posteriormente adquirieron la ciudadanía estadounidense. La doble nacionalidad dejó hace décadas de ser una excepción jurídica. Es una consecuencia natural de nuestra historia migratoria y de nuestra relación económica, familiar y cultural con Estados Unidos.
México luchó durante décadas para fortalecer los derechos de sus comunidades migrantes. Reconocimos la doble nacionalidad precisamente porque comprendimos que emigrar no significaba renunciar a México. Después impulsamos el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las diputaciones migrantes y diferentes mecanismos de representación. Los llamamos héroes cuando enviaban remesas; defendimos sus derechos frente a las políticas antimigrantes estadounidenses y repetimos que, aunque vivieran del otro lado de la frontera, seguían formando parte de la nación mexicana. Sería contradictorio que ahora comenzáramos a observar su doble nacionalidad como una especie de sospecha política.
La migración mexicana ha cambiado. Los hijos y nietos de quienes cruzaron la frontera durante las últimas décadas participan cada vez más en la vida económica, académica, cultural y política de ambos países. Algunos regresan a México. Otros mantienen relaciones permanentes con sus comunidades de origen. No resulta difícil imaginar que dentro de algunos años una mexicana nacida en California, Texas, Illinois o Nueva York quiera regresar al país de sus padres y competir por una gubernatura. ¿Por qué deberíamos obligarla constitucionalmente a demostrar que es más mexicana por medio de una renuncia? La identidad nacional es bastante más compleja que el color de un pasaporte.
No voy a afirmar que la reforma sea necesariamente inconstitucional o discriminatoria. El Poder Constituyente Permanente tiene amplias facultades para modificar los requisitos de acceso a determinados cargos. Mi crítica va por otro camino: considero que es innecesaria. Es un uso torpe de la mayoría constitucional y nuevamente expresa esa obsesión mexicana de pensar que todos los problemas políticos se resuelven legislando. Tenemos una especie de fetichismo constitucional. Frente a un problema, reformamos la Constitución; ante una preocupación, agregamos un párrafo; frente a una coyuntura, inventamos una prohibición. Después descubrimos que la realidad sigue exactamente donde estaba.
¿Queremos garantizar la lealtad de quienes gobiernan? Exijamos transparencia absoluta sobre sus intereses económicos en otros países. ¿Queremos impedir conflictos de interés? Fortalezcamos los mecanismos de fiscalización. ¿Queremos evitar injerencias extranjeras? Construyamos instituciones de seguridad e inteligencia eficaces. ¿Queremos garantizar que un presidente o gobernador defienda exclusivamente los intereses nacionales? Establezcamos responsabilidades claras frente a actos concretos. Todo ello parece bastante más útil que presumir que tener dos nacionalidades significa mantener dos lealtades políticas. Una persona puede poseer dos pasaportes y ser profundamente leal a México; otra puede tener solamente el mexicano y saquear al país.
La experiencia internacional demuestra, además, que la relación entre ciudadanía, nacionalidad y representación política se ha vuelto mucho más compleja debido a las migraciones. Millones de personas desarrollan su vida entre dos países, hablan dos idiomas, pagan impuestos en diferentes jurisdicciones y mantienen vínculos familiares, culturales y económicos transnacionales. México es uno de los países que mejor debería comprender este fenómeno. Nuestra frontera con Estados Unidos no solamente divide dos Estados; también conecta familias y comunidades. Convertir la doble nacionalidad en una circunstancia políticamente sospechosa significaría caminar en dirección contraria a una realidad construida durante generaciones.
Existe otra cuestión de fondo: la mayoría constitucional no es un cheque en blanco. Morena y sus aliados cuentan con una fuerza parlamentaria suficiente para realizar profundas transformaciones jurídicas. Precisamente por eso deberían utilizarla con responsabilidad. Cuando una mayoría es frágil, existen contrapesos parlamentarios naturales; cuando es abrumadora, el principal contrapeso debería ser la prudencia política. Poder modificar la Constitución no significa que deba hacerse cada vez que aparece una ocurrencia, una coyuntura o una controversia. La verdadera demostración de fuerza de una mayoría no consiste en aprobar todo, sino en saber distinguir qué merece convertirse en norma constitucional y qué debe permanecer en el terreno político.
Hay también un problema conceptual alrededor de la palabra lealtad. La lealtad hacia México no se adquiere mediante una declaración administrativa ni se demuestra renunciando a otra nacionalidad. Se demuestra gobernando correctamente, respetando la Constitución, protegiendo los recursos nacionales, defendiendo la soberanía, evitando la corrupción y colocando el interés público por encima del privado. Un gobernante corrupto con una sola nacionalidad puede ocasionar muchísimo más daño a México que un ciudadano binacional comprometido con el país. Si realmente queremos discutir la lealtad institucional, hagámoslo seriamente y no reduzcamos un concepto político tan importante a la posesión de un segundo pasaporte.
La discusión adquiere todavía mayor relevancia porque durante los próximos años veremos una participación creciente de mexicanos residentes en Estados Unidos y de estadounidenses de origen mexicano en nuestra vida pública. Esa participación debería considerarse una fortaleza. México posee una comunidad extraordinariamente importante al norte del río Bravo. En lugar de levantar nuevas barreras políticas deberíamos preguntarnos cómo aprovechar su experiencia, preparación, conocimiento y capacidad de vinculación. Naturalmente, determinados cargos requieren reglas especiales. La Presidencia de la República no es cualquier responsabilidad. Pero cualquier restricción debe responder a un riesgo verdadero y demostrable, no simplemente a una hipótesis construida alrededor de la palabra soberanía.
También convendría recordar algo elemental: las leyes generales deben construirse pensando incluso en quienes todavía no conocemos. Una buena norma constitucional tiene que sobrevivir a sus autores, destinatarios y circunstancias. Si una reforma solamente puede explicarse mencionando a los adversarios políticos del momento, probablemente estamos frente a una mala reforma. Si para defenderla necesitamos colocar sobre la mesa los nombres de Salinas Pliego o García Cabeza de Vaca, la sospecha de dedicatoria resulta inevitable. El debate tendría que desarrollarse exactamente al revés: primero demostrar la existencia del problema público y después construir la solución constitucional más proporcional posible.
La oposición, por su parte, tampoco debería reducir la discusión a decir que Claudia Sheinbaum pretende impedir candidaturas incómodas. Sería demasiado fácil y probablemente insuficiente. Tiene la obligación de discutir el fondo: nacionalidad, derechos políticos, soberanía, representación y proporcionalidad de las restricciones. Si realmente existe un problema de conflicto de lealtades, habrá que demostrarlo. Si existen experiencias internacionales útiles, habrá que estudiarlas. El Congreso debería hacer precisamente aquello para lo que existe: deliberar. Las iniciativas presidenciales no deberían llegar al Poder Legislativo únicamente para recibir algunos retoques, ser aprobadas rápidamente y regresar a Palacio Nacional convertidas en reformas constitucionales.
La presidenta Claudia Sheinbaum posee una mayoría política que muchos presidentes hubieran querido tener. Puede utilizarla para consolidar instituciones, ampliar derechos y resolver problemas estructurales, pero también corre el riesgo de desgastarla en reformas innecesarias. Cada modificación constitucional tiene un costo institucional. Mientras más detallada, extensa y coyuntural sea nuestra Carta Magna, más difícil resulta construir un verdadero orden constitucional estable. Seguimos agregando piezas al Frankenstein sin preguntarnos cuándo será necesario detenernos, revisar el conjunto y preguntarnos qué clase de Constitución queremos para México durante las próximas décadas.
El problema de fondo no son Salinas Pliego ni García Cabeza de Vaca. Tampoco son los millones de mexicanos con doble nacionalidad. El verdadero problema es nuestra incapacidad histórica para diferenciar entre política y Constitución. Queremos resolver mediante reformas constitucionales aquello que debería resolverse mediante competencia electoral, responsabilidad política, instituciones sólidas y ciudadanos informados. Hemos construido una Constitución gigantesca porque pretendemos introducir dentro de ella prácticamente todas nuestras preocupaciones. Paradójicamente, mientras más cosas escribimos en la Constitución, menos confianza parecemos tener en las instituciones encargadas de aplicarla.
Por eso esta reforma merece una discusión mucho más profunda que la disputa sobre quién se puso el saco. Tener mayoría constitucional implica también responsabilidad constitucional. Significa resistir la tentación de utilizarla para atender coyunturas, mandar mensajes políticos o neutralizar hipotéticos adversarios. Si existe un riesgo real para la soberanía nacional derivado de la doble nacionalidad de quienes ocupan determinados cargos, que se demuestre y se legisle con precisión. Si no existe, dejemos la Constitución en paz. No malgastemos una mayoría histórica en reformas con apariencia de dedicatoria o simple demagogia. Porque poder cambiar la Constitución no significa tener siempre una buena razón para hacerlo.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
