El martes dos de septiembre el Consejo Universitario de la BUAP sesionó para atender la inconformidad presentada por uno de los candidatos a la rectoría de la institución que no recibió la constancia de idoneidad por parte de la Comisión de Auscultación nombrada para tal efecto.
Al concluir las intervenciones se puso a votación el dictamen de la Comisión de Legislación Universitaria respecto a esta inconformidad, dictamen que se aprobó por unanimidad: 182 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, de un total de 223 votos posibles.
Al término del conteo, el secretario general leyó el siguiente acuerdo del consejo universitario: “se declara en definitiva la procedencia de la decisión de la Comisión de Auscultación de emitir constancia de no idoneidad a nombre del recurrente para participar en el proceso para el nombramiento de la persona titular de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el período 2025-2029…”
Después que se hubo votado, el secretario general informó que, derivado de las participaciones de consejeras y consejeros relativas a las irregularidades en la presentación de la documentación ante las autoridades universitarias en fechas recientes, se “diera vista” a la Comisión de Honor y Justicia del propio consejo a fin de que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones correspondientes y se sancione a quienes resulten responsables. Esto último no fue puesto a votación del consejo universitario.
Sin embargo, hay un Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia que establece lo que compete y no compete a la misma. Esto último está en el “Artículo 3.- No será competencia de la Comisión las faltas o delitos que deban ser sancionados conforme al derecho o legislación común, ni aquéllas relacionadas con cuestiones laborales, comisiones de evaluación o dictaminadoras, ni aquéllas a las que competa resolver a las autoridades académicas colegiadas.”
Dado que la Comisión de Honor y Justicia es una de las comisiones permanentes del Consejo Universitario, y es este órgano al que rinde sus informes hay que tener en cuenta lo que establece la Ley de la BUAP como sus atribuciones exclusivas en relación con el tema que nos ocupa.
Así el artículo 16 fracción IX establece: “Conocer y resolver los conflictos que surjan entre las autoridades universitarias, y entre éstas y quien integre alguno de los sectores de la comunidad universitaria, así como fincar responsabilidades y aplicar las sanciones por violaciones a esta Ley, al Estatuto Orgánico y a los reglamentos;”
Lo cierto es que cualquier sanción debe fundarse en pruebas irrefutables de violaciones a la legislación universitaria, a la legislación interna y no a la legislación común, además de que la discusión compete al pleno del consejo universitario.
En el curso de la discusión en torno a la inconformidad presentada, las y los consejeros estudiantiles hicieron observaciones en torno al proceso electoral que es importante dar a conocer.
El consejero por la Facultad de Artes Plásticas propuso aplazar el proceso electoral y buscar más opciones, pues al informar a sus compañeras y compañeros quiénes eran los candidatos su reacción fue de indignación y tristeza.
El consejero por la Facultad de Físico-Matemáticas señaló que la convocatoria aprobada para la elección de la rectoría no contemplaba los tiempos para discutir todo lo que se presenta, como esta inconformidad, y por eso citaron a sesión la noche anterior. Además de que no atendieron las mesas sobre las peticiones estudiantiles.
Al final intervino una consejera estudiantil señalando que la autonomía universitaria y los derechos no son negociables, que la manifestación pacífica es un derecho, que hay que prevenir la presión para votar y exhortó al Consejo Universitario a defender la autonomía porque en ella se sustenta la libertad y el derecho al voto libre y secreto.
Es indudable que hay una genuina preocupación estudiantil por que la elección de la próxima rectoría sea un proceso limpio, transparente en el que se garantice el respeto a la libre autodeterminación del voto y eso es lo menos que podemos esperar de un proceso electoral.
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