El 2025 cierra con un saldo inquietante para la libertad de expresión en México. Las cifras internacionales confirman lo que el gremio periodístico ha denunciado durante años: nuestro país se mantiene como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo por el número de comunicadores asesinados, sino por una práctica cada vez más extendida y sofisticada: el uso del poder público, particularmente de las fiscalías estatales, para intimidar, hostigar y silenciar voces incómodas. La censura ya no siempre llega con balas; hoy también se instrumenta con carpetas de investigación, imputaciones desproporcionadas y procesos penales que, aunque se vistan de legalidad, tienen un inequívoco trasfondo político.
En reiteradas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que en México se respeta la libertad de expresión. Su discurso es consistente con los principios históricos de la llamada Cuarta Transformación, que reivindica el derecho a disentir, criticar y exhibir al poder. Sin embargo, existe una brecha cada vez más amplia entre la narrativa presidencial y la actuación de autoridades locales que parecen no haber entendido —o que deliberadamente ignoran— esa línea política. Los casos recientes de Puebla y Veracruz son ejemplos paradigmáticos de esta contradicción.
Puebla: judicializar la crítica. En Puebla, la Fiscalía General del Estado decidió vincular a proceso al periodista Rodolfo Ruiz, director del portal E-Consulta, bajo acusaciones de lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita. Más allá del expediente judicial, lo que resulta evidente es el contexto político que rodea esta decisión. Desde los tiempos del exgobernador Rafael Moreno Valle, Rodolfo Ruiz se consolidó como uno de los periodistas más incómodos para el poder local. Ha criticado gobiernos de distintos signos partidistas y ha documentado excesos, abusos y redes de poder que muchos preferirían mantener en la opacidad.
No comparto necesariamente la línea editorial de Ruiz ni de su portal; la pluralidad implica también el derecho a disentir entre periodistas. Pero una cosa es el debate público y otra, muy distinta, la utilización del aparato penal para disciplinar a un comunicador. La imposición de medidas cautelares como la firma periódica y la prohibición de salir del país no pueden leerse sino como un mensaje intimidatorio: el periodismo crítico tiene costos personales y legales.
Cuando una fiscalía decide perseguir a un periodista por presuntos delitos financieros sin que exista una explicación clara, transparente y sólida, la sospecha es inevitable. No se trata de combatir la corrupción, sino de enviar una advertencia al resto del gremio. El mensaje es tan claro como peligroso: investigar al poder puede convertirse en un problema judicial.
Veracruz: ¿periodismo convertido en terrorismo? Si el caso poblano es grave, lo ocurrido en Veracruz roza el absurdo jurídico y el autoritarismo penal. La detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como Lafita León, bajo la acusación de terrorismo, obliga a una reflexión profunda sobre los límites del derecho penal y la tentación autoritaria de algunas fiscalías estatales.
La paradoja es evidente. Mientras la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch han sostenido que en México no existen actos terroristas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz decide imputar ese delito a un periodista por su cobertura informativa. ¿En qué momento la nota roja, incómoda o sensacionalista para algunos, se transformó en terrorismo? ¿Bajo qué lógica jurídica se pretende sostener una acusación tan grave?
La organización Artículo 19 México y Centroamérica ha documentado con precisión el contexto del caso. La detención ocurrió el 24 de diciembre y, de inmediato, la Fiscalía difundió imputaciones graves: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La investigación, según fuentes locales, se originó directamente por su labor periodística en una región como Coatzacoalcos, marcada por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado. No se persigue un delito; se castiga la información.
La desproporción de la acusación no es casual. Tipificar la conducta como terrorismo permite activar la prisión preventiva oficiosa y garantizar el encierro del comunicador. Es una estrategia conocida: maximizar el tipo penal para asegurar el silenciamiento. León Segovia había documentado recientemente hechos vinculados con delincuencia organizada y violencia criminal en el sur de Veracruz, exhibiendo una realidad incómoda tanto para grupos criminales como para autoridades omisas o rebasadas.
Lo más preocupante no es cada caso aislado, sino el patrón que se dibuja. De acuerdo con testimonios recabados por Artículo 19, Rafael León Segovia ha enfrentado durante años la apertura reiterada de carpetas de investigación, muchas de ellas desechadas por falta de sustento. Este uso sistemático del aparato penal como mecanismo de presión revela fiscalías más interesadas en intimidar que en procurar justicia.
En ambos casos —Puebla y Veracruz— el denominador común es el abuso del derecho penal. No se trata de investigaciones serias, sino de procesos diseñados para desgastar, intimidar y enviar un mensaje disciplinador al gremio periodístico. Es la criminalización de la crítica, una práctica incompatible con cualquier Estado constitucional de derecho.
Estos hechos también evidencian una contradicción profunda dentro del proyecto político que hoy gobierna el país. La Cuarta Transformación se ha presentado como una ruptura con el autoritarismo del pasado, como una apuesta por ampliar derechos y libertades. Sin embargo, cuando fiscalías estatales actúan como brazos represivos del poder local, ese discurso se vacía de contenido.
La libertad de expresión no se defiende sólo desde el discurso presidencial o desde las conferencias mañaneras. Se garantiza con instituciones que entiendan su función constitucional y que respeten los límites del poder punitivo del Estado. De nada sirve proclamar el respeto a la prensa si, en los hechos, se permite que autoridades locales utilicen el sistema penal como mecanismo de censura.
Lo que hoy está en juego no es únicamente el destino jurídico de Rodolfo Ruiz o de Rafael León Segovia. Está en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando se persigue a un periodista, no se castiga a una persona; se limita el acceso colectivo a la información, se empobrece el debate público y se erosiona la democracia.
En un país atravesado por la violencia, la corrupción y la impunidad, el periodismo incómodo no es un problema: es una necesidad. Criminalizarlo no combate al crimen organizado ni fortalece al Estado; por el contrario, encubre la violencia y protege la opacidad.
Lo que corresponde en un Estado de derecho es claro: retirar imputaciones que carecen de sustento jurídico, garantizar el debido proceso y cesar el hostigamiento judicial contra periodistas. Las fiscalías deben concentrarse en investigar delitos reales, no en fabricar culpables incómodos.
El 2025 termina mal para la libertad de expresión, pero aún hay margen para corregir el rumbo. De no hacerlo, el mensaje será devastador: en México, informar sigue siendo una actividad de alto riesgo, no sólo por el crimen organizado, sino por un poder que, incapaz de tolerar la crítica, prefiere silenciarla.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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