Hace algunos años leí un interesante libro de Osvaldo Zavala llamado “Los cárteles no existen”. El título no es engañoso, ni tiene como intención atraer a los lectores sólo para después explicar de forma diferente el tema, sino que presenta muy bien el argumento del autor: lo que llamamos “cárteles” no es, sino en realidad, un constructo discursivo creado desde el poder -gobierno, medios de comunicación, grandes capitales- para hablar de múltiples fenómenos, complejos y en ciertos procesos interrelacionados, pero que no se articulan en la manera en que es presentado en los espacios de opinión pública.
Claro que alguien podría decir, como yo lo hice al inicio de mi lectura, que eso no tiene mucha sorpresa. Los “cárteles” no existen en la misma forma en que existe un “coco” o una “escoba”, es decir no son entes relativamente unitarios y simples que pueden ser identificados, sino que se trata de un concepto creado específicamente para hablar de procesos múltiples, diversos, fragmentarios y a veces incluso mutuamente contradictorios. Es decir, expresan formas históricas de relaciones sociales que no pueden describirse con simpleza unitaria, sino que requieren una comprensión compleja.
A lo largo del libro, sin embargo, queda claro que Zavala no sólo estaría de acuerdo conmigo, sino que es precisamente lo que dice. Si el concepto “cártel” sirviera para expresar de forma amplia esa realidad compleja, no sólo no diría que “los cárteles” no existen, sino que hablaría directamente del tema como lo hace maravillosamente en el texto. El problema, y es por eso que considero que el argumento es muy esclarecedor, es que el uso del concepto no va en esa dirección, sino en la contraria: la de generar un concepto mistificador, que oculte la realidad de la violencia en México, que ignore la complejidad del problema del narcotráfico y que responsabilice de forma individual a ciertos sujetos, en lugar de observar los problemas estructurales, el entramado de complicidades y la ubicuidad del crimen organizado en nuestra sociedad. El cártel se convierte en un sujeto mítico al que se coloca toda la “culpa” de la situación en el país, sin cuestionar los otros espacios en que el problema se desarrolla; y así, sin un diagnóstico adecuado, la solución se antoja imposible.
Esta idea regresó a mí por la decisión, por parte del gobierno de Estados Unidos, de incluir a los “cárteles mexicanos” entre las organizaciones terroristas que atacan a su país. Si los cárteles no existen, porque la idea de un cártel como una tribu de “gente mala” que es responsable única de los problemas de seguridad no es más que un engaño, la idea de que haya cárteles eminente o exclusivamente mexicanos, es un total sinsentido y una excusa, claramente, para presionar al gobierno de México en la búsqueda de expansión de mercados, productos y territorios por parte de Donald Trump.
Esta decisión sobre los llamados cárteles mexicanos tiene como primera intención, eliminar la responsabilidad que se tiene por parte de las autoridades, gobiernos, empresas y ciudadanos estadounidenses para la existencia del crimen organizado en nuestro país. El narcotráfico es “un problema mexicano” y por ello nosotros somos los culpables.
Esta idea pretende generar, al mismo tiempo, una esencialización que construya una idea de que “el mexicano” es por sí mismo, por algo dentro de él, un “delincuente”, de hecho o en potencia. Una construcción étnico-racial del crimen, que nos coloca a nosotros como sujetos de peligro y que a ellos los presenta como víctimas en potencia. De esta forma, la violencia, cualquier tipo, en cualquier nivel, por cualquier razón, en contra nuestra, como pueblo o como individuos, está para ellos, justificada.
Resulta claro que la delincuencia organizada es, por el contrario, un problema transnacional y complejo, en que se involucran y de la que se benefician, muchísimos más agentes que aquellos a los que esta narrativa indica. No se trata de que “el narcotráfico” sea un problema de Colombia o México, sino que es un problema mundial en donde existe una división espacial del trabajo y sus efectos. Las armas con las que se obliga a los campesinos a trabajar para la producción de drogas, que secuestran a migrantes en “La bestia” o que asesinan a políticos, líderes, empresarios o ciudadanos comunes que deciden “no alinearse” no fueron producidas en Tehuacán, ni su venta se hizo en quetzales, al igual que los productos químicos o los procesos de fabricación de las drogas sintéticas no vienen de la sabiduría ancestral de los incas o los mayas.
Es fácil hablar del contubernio entre autoridades de todos los niveles y el crimen organizado en nuestro país, porque es lógico y visible que operaciones del tamaño que éste articula, no serían posibles si no existieran acuerdos tácitos o bien abiertamente explícitos entre ambos agentes. Pero cuando escuchamos hablar de esto, se deja de lado dos factores que son igualmente importantes para ello: en primer lugar, el apoyo -y los beneficios- que muchos empresarios tienen con este mercado, ya sea participando activamente de forma paralela a la cara legal de sus propios negocios, ya sea actuando con acuerdos de colaboración ilegal (existen en el país, lugares en donde el gobierno no puede entrar, pero si pueden hacerlo las empresas y el crimen organizado, que en no pocas ocasiones colaboran mutuamente para ello), o bien de forma indirecta, con la apertura de mercados de nicho para sus bienes y servicios.
No hablo aquí, por ejemplo, del aumento de ganancias de las funerarias en territorios de violencia -lo que es sabido y está documentado de forma general- porque no se trata de esos niveles de micro-escala que de nueva cuenta, se usan para evadir responsabilidades. Hablo de cómo grandes cadenas de producción incluso internacional, saben perfectamente que sus productos se venden en mercados creados por y para el crimen organizado y redirigen sus productos para beneficiar ese uso con la finalidad de obtener mayores ganancias. Nadie podría decir que se trata de una colaboración o de una participación activa, pero sería igualmente faltar a la verdad si dijéramos que no tienen relación alguna con este problema.
En segundo lugar, algo que igualmente se evita hablar es sobre cómo si el problema fueran exclusivamente “las autoridades mexicanas”, los productos que el crimen organizado mueve (sea esto drogas, medicamentos, piratería, seres humanos…) llegarían a la frontera tan sólo para ser detenidos en el lugar por las autoridades estadounidenses. Si la corrupción y el contubernio fueran algo exclusivamente mexicano, el mercado del nuestro vecino del norte no sería el mayor del mundo para esos productos. Porque la venta, distribución, consumo, lavado de ganancias e reinversión, se realiza en ese país. Y eso sólo puede hacerse si, al igual que en nuestro país, las autoridades de allá están igualmente involucradas en este tipo de delitos.
Estos elementos permanecen, sin embargo, ocultos al hablar de “cárteles mexicanos”. Se articula una visión distinta, una bruma que nos coloca, como en una película de vaqueros, sabiendo quienes son “los buenos” y quienes “los malos”. Quienes son los que cumplen la ley y quienes los corruptos. Que genera supuestas excepcionalidades: el mexicano excepcional es el que va contra su propia “naturaleza” y se porta como debería hacerlo -como lo hace, según ese relato, un estadounidense normal-. Por su parte, el corrupto, el ladrón, el mal empresario del otro lado de la frontera, es por la misma razón, también una excepción.
Este tipo de discursos simplistas y maniqueos gustan mucho a la derecha porque permiten mantener las cosas como están fingiendo que se lucha para cambiarlas y no problematiza nada sus propios sesgos. Al igual que quien ve las manifestaciones en Irán y grita a favor de la libertad pero al mismo tiempo se alegra de los golpes y las detenciones de manifestantes en Estados Unidos, el mundo se vuelve un lugar simple y confortable en donde nada ni nadie le cuestiona porque las cosas “son” de una manera.
Esto se ve igualmente en la razón por la que los supuestos “cárteles mexicanos” son colocados como terroristas. De acuerdo con Trump y su administración, éstos utilizan las drogas como “armas de destrucción masiva”. No hay, en esta afirmación, ninguna aproximación a las adicciones que mire en ellas un problema de salud pública, ninguna pregunta sobre las formas de vida que lleva a caer en ellas ni las razones de la legalización de muchas otras drogas y sus efectos sociales. Se trata de una visión totalmente infantil, que coloca en “las drogas” todo el problema. Y más aún, que llama con ese nombre, tan sólo a algunas drogas. Pensar que es un problema compartido por otras sustancias que no sean las que la moralidad de quien lo dice asume como negativas, es un sinsentido.
El actual ataque del gobierno de Estados Unidos en contra de México y otros países de América Latina, como Colombia, o Venezuela -país en el cual realizó una acción ilegal de secuestro en contra del Presidente en funciones (sea de iure o de facto)- se debe observar entonces en este sentido. Y también, en ese sentido, debe entenderse el alineamiento de ciertos sectores de nuestros países a la lógica imperialista y racista que constituye ese discurso. No es que ellos no sepan estas cuestiones. Es que pretenden que nosotros no las entendamos.
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