La política, como los ciclos económicos, también se desgasta cuando sus fórmulas dejan de producir legitimidad. No es un fenómeno exclusivo de los regímenes en decadencia, sino una constante histórica: toda fuerza política que alcanza el poder enfrenta, tarde o temprano, el dilema de renovarse o fosilizarse. Morena no es la excepción. De cara a la elección intermedia de 2027, el partido gobernante se encuentra ante una encrucijada que definirá no sólo su viabilidad electoral, sino la naturaleza misma del régimen político que ha construido desde 2018.
Durante sus primeros años, Morena logró capitalizar un activo invaluable: el reconocimiento social de liderazgos que emergían de luchas reales, de territorios concretos, de causas compartidas. La popularidad no era entonces un artificio mediático, sino la consecuencia de trayectorias verificables. Sin embargo, como suele ocurrir, la fórmula se simplificó hasta convertirse en caricatura. Lo que en un inicio fue legitimidad social terminó por reducirse a publicidad y capacidad económica. Y ahí comenzó la distorsión.
El resultado fue predecible. En distintos niveles de gobierno aparecieron personajes sin arraigo ideológico, sin formación política y, en muchos casos, con historiales cuestionables. La puerta que se abrió para incorporar perfiles diversos se convirtió, en no pocas ocasiones, en una autopista para oportunistas. Morena dejó de ser, en algunos espacios, un movimiento de transformación para convertirse en un vehículo de ascenso personal.
El problema no es menor. La selección de candidaturas no es un trámite administrativo ni una concesión a grupos internos; es el mecanismo a través del cual se define quién ejerce el poder y bajo qué principios. Dicho de otra manera: el tipo de candidatos que un partido postula es el reflejo más claro de su identidad política. Si Morena falla en este punto, no sólo arriesga una elección, compromete la coherencia de su proyecto histórico.
Por ello, los filtros que se perfilan rumbo a 2027 representan, en los hechos, un intento de corrección de rumbo. El primero de ellos —la cero tolerancia a vínculos con la delincuencia organizada— no admite matices. La infiltración del crimen en la política no es un fenómeno nuevo en México, pero su presencia en candidaturas de un movimiento que se reivindica como regenerador resulta particularmente corrosiva. No se trata sólo de un asunto ético, sino de gobernabilidad. Un funcionario cooptado por el narcotráfico o el huachicol no gobierna para los ciudadanos, gobierna para intereses criminales.
En este contexto, la decisión de someter perfiles a revisión por parte de instancias como la Fiscalía General de la República o incluso áreas de inteligencia militar no es una exageración, sino una necesidad. Es, además, una admisión implícita de que los mecanismos tradicionales de control partidista han sido insuficientes. Morena, como otros partidos antes que él, aprendió que la lealtad declarativa no es garantía de integridad.
El segundo filtro —la integridad personal— responde a una transformación más profunda en la cultura política del país. Durante décadas, la vida privada de los políticos fue considerada un asunto irrelevante, siempre y cuando no afectara su desempeño público. Esa frontera se ha desdibujado. Hoy, la ciudadanía exige congruencia entre la conducta personal y el ejercicio del poder. Deudores alimentarios, agresores, acosadores o discriminadores no sólo incumplen normas legales o morales, traicionan la confianza pública.
Este criterio no es menor ni accesorio. Es, en muchos sentidos, un punto de inflexión. Porque obliga a los partidos a reconocer que la ética pública no puede construirse sobre la base de la impunidad privada. Morena, al asumir este filtro, se alinea con una demanda social que difícilmente tendrá marcha atrás.
El tercer elemento apunta a un problema que ha sido tan visible como incómodo: la incorporación indiscriminada de cuadros provenientes de partidos tradicionales, particularmente del PRI. El pragmatismo político llevó a Morena a abrir sus puertas a figuras con experiencia, pero también con pasivos. El resultado fue una mezcla heterogénea donde conviven militantes fundadores con políticos formados en las prácticas más cuestionadas del sistema que se prometió transformar.
El límite de este modelo parece haber llegado. No se trata de cerrar la puerta a toda trayectoria previa, sino de establecer criterios claros sobre qué tipo de perfiles son compatibles con el proyecto. La migración política no puede seguir siendo un salvoconducto para reciclar élites desprestigiadas. Morena debe decidir si quiere ser un espacio de renovación o un refugio de supervivencia para viejas prácticas.
Sin embargo, el cuarto criterio es, probablemente, el más complejo y el más importante: la congruencia ideológica. La austeridad republicana, uno de los ejes discursivos de la Cuarta Transformación, corre el riesgo de vaciarse de contenido cuando quienes la enarbolan exhiben estilos de vida que la contradicen. No se trata de un debate sobre riqueza o pobreza, sino sobre coherencia.
La política, en este sentido, es también un ejercicio simbólico. Los representantes no sólo toman decisiones, encarnan valores. Cuando esa representación se fractura, la credibilidad se erosiona. Morena enfrenta aquí su mayor desafío: pasar de la exclusión de perfiles negativos a la construcción de perfiles positivos. No basta con filtrar; hay que formar.
Esto implica invertir en cuadros, en capacitación, en construcción de liderazgos desde abajo. Implica, también, recuperar la idea de que la política es una vocación y no un negocio. Si Morena aspira a consolidarse como un proyecto de largo aliento, necesita institucionalizar procesos de formación política que trasciendan coyunturas electorales.
Ahora bien, la pregunta inevitable es si estos filtros llegarán a tiempo. La política no opera en el vacío. Las decisiones que hoy se toman tendrán efectos en un contexto donde la competencia electoral será más intensa, donde la oposición buscará capitalizar errores y donde la ciudadanía será cada vez más exigente.
Morena aún conserva ventajas estructurales: una base social amplia, un liderazgo político que marcó época y una narrativa de transformación que, pese a sus contradicciones, sigue siendo poderosa. Pero esas ventajas no son inagotables. La legitimidad, como el capital político, se erosiona cuando no se renueva.
En este sentido, la elección de 2027 será más que una contienda intermedia. Será una prueba de madurez para un movimiento que pasó de la oposición al poder en tiempo récord. La historia reciente de México ofrece múltiples ejemplos de partidos que, tras alcanzar la hegemonía, fueron incapaces de sostenerla precisamente por no corregir a tiempo sus desviaciones internas.
Morena tiene hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de evitar ese destino. Los filtros que plantea son un paso en la dirección correcta, pero no suficientes por sí mismos. Su eficacia dependerá de su aplicación real, de su resistencia a las presiones internas y de su capacidad para convertirse en reglas y no en excepciones.
Porque al final, la política no perdona la incongruencia. Y los electores, aunque pacientes, no son ingenuos. Saben distinguir entre un discurso y una práctica. Saben cuándo un partido representa un proyecto y cuándo se ha convertido en un fin en sí mismo.
Si Morena quiere sostener su hegemonía en 2027, necesita algo más que candidatos populares por enormes gastos en propaganda. Necesita recuperar su identidad, redefinir sus mecanismos de selección y, sobre todo, demostrar que es capaz de aprender de sus propios errores. La verdadera transformación no es la que se proclama, sino la que se ejerce.
En esa medida, los criterios que hoy se discuten no son sólo un instrumento electoral. Son, en realidad, el termómetro de la coherencia de un movimiento que prometió cambiar la historia política del país. La pregunta, entonces, no es si Morena ganará o perderá en 2027. La pregunta es si, al hacerlo, seguirá siendo Morena.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
