De manera paralela a las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una nueva controversia ha colocado a esta institución en el centro del debate público. Se trata de las modificaciones anunciadas a la llamada Modalidad 40, un mecanismo que durante décadas ha permitido a miles de trabajadores mejorar sus condiciones de jubilación. La decisión ha despertado preocupación, incertidumbre y numerosas interrogantes entre quienes actualmente utilizan este esquema y, sobre todo, entre aquellos que habían planeado recurrir a él durante los últimos años de su vida laboral. No estamos hablando de un asunto menor: estamos hablando del futuro económico de miles de familias mexicanas.
El director general del IMSS, Zoé Robledo, ha justificado las modificaciones con el argumento de que se detectaron fraudes, abusos y mecanismos de financiamiento que ocasionaban perjuicios al Instituto y a los propios trabajadores. Según esta explicación, algunos despachos y gestores ofrecían incrementar artificialmente las pensiones mediante esquemas que, lejos de beneficiar a sus clientes, terminaban convirtiéndose en negocios particulares. Combatir estas prácticas es una obligación de las autoridades. Nadie puede estar en contra de cerrar espacios a la corrupción. Sin embargo, una cosa es perseguir a los defraudadores y otra muy distinta modificar las condiciones de un mecanismo legítimo que utilizan miles de trabajadores.
Tengo la impresión de que, en lugar de utilizar el bisturí para extirpar los abusos, las autoridades del IMSS decidieron recurrir al machete. En su propósito de combatir las irregularidades, optaron por establecer restricciones generales que pueden afectar a personas que nunca cometieron fraude alguno. Lo pertinente hubiera sido —siempre el verbo hubiera— realizar un diagnóstico preciso, identificar los mecanismos utilizados por los defraudadores, determinar responsabilidades y proceder legalmente contra los despachos, gestores y funcionarios involucrados. Porque resulta difícil aceptar que estas operaciones pudieran realizarse durante años sin que nadie dentro de la institución se percatara de lo que estaba ocurriendo.
Conviene explicar de qué estamos hablando. La denominada Modalidad 40, cuyo nombre oficial es Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, no constituye una pensión por sí misma. Es un mecanismo mediante el cual las personas que dejaron de tener una relación laboral formal pueden continuar realizando aportaciones al IMSS. Su propósito es conservar derechos, acumular semanas de cotización y, particularmente para quienes pertenecen al régimen de la Ley de 1973, mejorar el salario promedio que sirve de referencia para calcular su pensión. No es un regalo gubernamental ni una concesión graciosa. Los trabajadores pagan con sus propios recursos para construir mejores condiciones económicas durante su vejez.
Para acceder a este mecanismo, tradicionalmente se requiere haber causado baja del régimen obligatorio, contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años anteriores a dicha baja y solicitar la continuación voluntaria dentro del plazo legal correspondiente. Su importancia es particularmente significativa para quienes comenzaron a cotizar antes del primero de julio de 1997, porque el cálculo de su pensión depende de las semanas acumuladas y del promedio salarial de las últimas 250 semanas de cotización. Para los trabajadores sujetos a la Ley de 1997, las condiciones son diferentes, pues el ahorro acumulado en su cuenta individual adquiere un papel determinante.
Las modificaciones aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS, publicadas el 21 de octubre de 2026 y vigentes desde el día siguiente, cambiaron sustancialmente las condiciones para nuevas incorporaciones. Ahora, el salario de cotización no podrá superar el último registrado ante el Instituto más una Unidad de Medida y Actualización. También se restringieron las nuevas incorporaciones retroactivas, se establecieron mecanismos digitales de inscripción y se prohibió contratar simultáneamente esta modalidad y el aseguramiento voluntario como trabajador independiente. Quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado. Son medidas temporales sujetas a una evaluación financiera posterior.
El problema es que estas modificaciones alteran las expectativas de quienes habían construido una estrategia de jubilación a partir de las reglas anteriores. Pensemos en un trabajador que durante treinta años cotizó con salarios modestos y que, después de perder su empleo, decidió utilizar sus ahorros para incrementar sus aportaciones durante los últimos cinco años. Ese trabajador no necesariamente estaba cometiendo fraude. Estaba utilizando una posibilidad reconocida por el sistema. Ahora deberá modificar sus planes, probablemente con consecuencias importantes para su pensión. ¿Es justo que paguen las consecuencias de los abusos quienes actuaron dentro de la legalidad?
Existe otro elemento que merece atención. La Modalidad 40 no proporciona servicios médicos ni hospitalarios durante el periodo de cotización voluntaria. Es decir, los trabajadores realizan aportaciones destinadas a conservar y mejorar sus derechos pensionarios, pero deben resolver por separado sus necesidades de atención médica. Esto demuestra que no estamos frente a un mecanismo de privilegios ilimitados, como algunos pretenden presentarlo. También resulta necesario distinguir entre una planeación legítima para mejorar la jubilación y una operación fraudulenta. No son lo mismo. Confundir ambas conductas puede conducir a decisiones administrativas que terminan castigando indiscriminadamente a los trabajadores.
El asunto tiene, además, una dimensión jurídica y legislativa. El Consejo Técnico puede adoptar medidas administrativas dentro de sus atribuciones, pero corresponde examinar si las restricciones respetan plenamente lo establecido en la Ley del Seguro Social y los principios constitucionales de seguridad jurídica. La Cámara de Diputados y el Senado de la República no deberían permanecer como espectadores. Es indispensable solicitar información detallada al IMSS, conocer cuántos fraudes fueron detectados, cuáles fueron sus montos, quiénes participaron y cuántas denuncias se presentaron. También debe conocerse cuántos trabajadores resultarán afectados por las modificaciones. Sin información verificable, cualquier discusión estará incompleta.
La sostenibilidad financiera del IMSS es una responsabilidad del Estado mexicano. Nadie propone mantener indefinidamente mecanismos que comprometan sus recursos. Pero tampoco puede aceptarse que la defensa de las finanzas institucionales se convierta en argumento suficiente para restringir derechos sin una discusión pública. La seguridad social constituye una conquista histórica de los trabajadores mexicanos, no una dádiva de los gobiernos. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre viabilidad financiera, legalidad y justicia social. Para conseguirlo hacen falta diagnósticos transparentes, medidas proporcionales, procedimientos de transición razonables y, sobre todo, voluntad política para escuchar a quienes están próximos a jubilarse.
El balón está ahora en la cancha de los legisladores. Tienen la oportunidad de abordar este asunto con seriedad, convocar a especialistas, escuchar a los trabajadores y revisar las consecuencias de las nuevas disposiciones. No bastan las declaraciones rimbombantes ni los discursos sobre la defensa de los derechos laborales. Se requieren soluciones concretas. Combatir los fraudes es indispensable, pero hacerlo no debería significar cerrar las puertas a quienes legítimamente buscan una pensión digna. Porque una cosa es terminar con los negocios de los coyotes y otra muy distinta es terminar perjudicando a los trabajadores. Y esa diferencia debería estar perfectamente clara para las autoridades del IMSS.
@onelortiz
