En mi última colaboración para e-consulta que versó sobre los resultados electorales del 10 de septiembre en la BUAP sostuve las siguientes aseveraciones: 1. Existe un sordo malestar estudiantil y universitario en la BUAP. 2. No había habido desde 1997 una candidatura opositora tan exitosa como la que se observó hoy en el proceso electoral de 2025. 3. Hubo una innegable presencia de las estructuras de movilización de los grupos de interés que actúan en la universidad. 4. Hubo una amenaza de conflicto poselectoral. 5. Revoloteó sobre la BUAP el fantasma de la intervención del gobernador. Una semana después de haber publicado dicho artículo no tengo todavía ningún elemento para revisar las anteriores afirmaciones. En esta colaboración agregaré otras más.
- 1. No hay indicios de que los resultados electorales del 10 de septiembre hayan sido sustancialmente cambiados por un fraude. No he tenido hasta este momento conocimiento de que prácticas fraudulentas hayan alterado sustancialmente las cifras de votación para cada uno de los candidatos y la candidata. Cuando me refiero a alteración sustancial, lo que quiero significar es que no conozco en este momento una referencia contundente que indique que habiendo perdido las elecciones la Dra. Lilia Cedillo, haya sido declarada ganadora. Si esto hubiese sucedido sería un acontecimiento gravísimo que pondría en el suelo la credibilidad moral de nuestra universidad. Ameritaría que quienes sustentan que hubo fraude, mostraran los indicios que tienen y solicitaran declarar nulas las elecciones o al menos que se haga un recuento de urna por urna. No veo que nada de esto haya sido hecho hasta el momento.
Sostuve que hubo una innegable presencia de las estructuras de movilización de los grupos de interés en la universidad y esto incluye la que provino de las autoridades centrales. Esto es lo que hemos observado en las últimas tres décadas y no es ninguna novedad que haya vuelto a suceder. Con mayor razón en tanto que estas elecciones se realizaron cuando los efectos del paro de febrero y marzo todavía están presentes como los propios resultados electorales lo evidenciaron.
- 2. De manera real o por percepción la intervención del gobernador gravitó en el proceso electoral. En política importa tanto o más la percepción que lo que realmente sucede. Y la percepción que yo capté en este momento fue el interrogante de hacia dónde inclinaría el fiel de la balanza el gobernador de Puebla. ¿Habría apoyo a un eventual amparo del aspirante a candidato que fue declarado no idóneo por la Comisión Electoral? ¿Habría un apoyo subterráneo a uno de los candidatos opositores por los datos que existían de su cercanía con el gobierno de la entidad? En mi artículo del 16 de septiembre manifesté que siempre había sido escéptico de tales eventualidades. En primer lugar, mi escepticismo se sustentó en que tales maniobras para hacerse efectivas deberían haberse planificado con mucho tiempo de anticipación. Debería haberse hecho llegar desde meses atrás a las autoridades universitarias la voluntad de que no se quería un continuismo y ese mensaje habría empezado a disciplinarlas, porque como me dijo alguien “yo un tiro con el gobernador no me lo aviento”. Mi escepticismo también se fundaba en el hecho de que un golpe de timón de último momento por parte del gobierno de la entidad en cuanto a la sucesión rectoral, habría podido desatar una turbulencia de consecuencias inimaginables. ¿Le interesaba al gobernador un escenario como este?
- 3. El malestar universitario y estudiantil es un dato ineludible que la próxima administración rectoral deberá sopesar con la mayor seriedad. Lo resultados electorales deben encender los focos rojos para quienes dirigen a la BUAP. Reitero que ninguna candidatura opositora había sido tan exitosa desde 1993 y 1997 (Pedro Hugo Hernández) como la que se observó en este proceso electoral de 2025. Insisto en que es un reduccionismo de gran falencia analítica atribuir tal éxito a la intervención de una estructura gubernamental de movilización. Independientemente de que esta pudo haber existido, los 24 votos sectoriales estudiantiles deben ser un poderoso mensaje que debe alejar a cualquiera de una lectura triunfalista de lo sucedido el 10 de septiembre. Existe hoy en la BUAP una legitimidad decreciente que puede ser sustentada con datos fehacientes. Se los debemos al artículo publicado por Germán Sánchez Daza en e-consulta (17 de septiembre de 2025). Entre 2009 cuando se reeligió Enrique Agüera y 2025 cuando lo hizo Lilia Cedillo, las votaciones de las candidaturas oficiales ha disminuido drásticamente del 93.4% de los votos emitidos hasta el 46%. Igualmente, drástica es la disminución de dichas votaciones con respecto al padrón electoral universitario: del 80.3% al 29.1%.
- 4. La decreciente legitimidad de las autoridades centrales no es la peor crisis universitaria en los últimos años. Es un tremendismo producto de la coyuntura electoral decir que “estamos en medio de la peor crisis que ha vivido la BUAP en los últimos años”. No hasta el momento, lo que no significa que esto pueda suceder si por ejemplo la universidad vive un nuevo paro semejante al de febrero-marzo. Fue un momento crítico de gran envergadura el paro estudiantil observado en los meses pasados que afectó las labores universitarias durante aproximadamente cinco semanas. Fue una crisis universitaria mayúscula la que se observó en los meses precedentes a la destitución del rector Samuel Malpica en octubre de 1989. En esos meses los académicos y no académicos, así como estudiantes vivimos momentos de zozobra cuando se dejaron de pagar las nóminas y la violencia se desató asesinando a un universitario (Miguel Antonio Cuellar) al intentar recuperar el Edificio Carolino ocupado por los opositores al rector Malpica. Y qué decir de lo acontecido en 1976 cuando un grupo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) alentados por Luis Echeverría Álvarez tomó el Edificio Carolino. Esas fueron crisis mayúsculas, las cuales pueden ser conocidas por las crónicas magistralmente escritas por mi querido amigo Sergio Mastretta y publicadas en Mundo Nuestro. Quien quiera ser autoridad universitaria debe conocer la historia de la BUAP.
- 5. La elección de las autoridades universitarias mediante el voto sectorial es legal. No es cierto que el voto ponderado no esté explicitado en ningún reglamento por lo que la manera en que se han elegido los rectores y directores de unidades académicas resultaría ilegal. Tampoco es cierto que esta manera de elegir a las autoridades universitarias sea solamente una resolución del Consejo Universitario. Siempre me ha parecido odioso ponerme a estudiar leyes y reglamentos y por ello admiro a quienes los hacen a pesar de no ser abogados. Esta vez me he puesto a hacerlo muy a mi pesar, para dar una opinión sobre este asunto que tenga alguna fundamentaciónY he encontrado lo siguiente: en el artículo 16 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se expresa (en tanto que dicha ley tiene solamente un carácter enunciativo) que el Consejo Universitario nombrará a la persona titular de la Rectoría en los términos que fije el Estatuto Orgánico y el Reglamento correspondiente. A diferencia de la Ley, el Estatuto Orgánico y el Reglamento tienen un carácter procedimental. En el artículo 48 del Estatuto Orgánico se repite lo mismo, pero se agrega en el 54 que el nombramiento de la persona titular de la Rectoría constará de dos etapas. La primera será la auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial a través de votación sectorial individual, libre, directa y secreta, en la modalidad presencial o electrónica. La segunda será la calificación del proceso de votación y el nombramiento de la persona titular de la Rectoría por parte del Consejo Universitario.
Y he encontrado lo siguiente: en el artículo 16 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se expresa (en tanto que dicha ley tiene solamente un carácter enunciativo) que el Consejo Universitario nombrará a la persona titular de la Rectoría en los términos que fije el Estatuto Orgánico y el Reglamento correspondiente. A diferencia de la Ley, el Estatuto Orgánico y el Reglamento tienen un carácter procedimental. En el artículo 48 del Estatuto Orgánico se repite lo mismo, pero se agrega en el 54 que el nombramiento de la persona titular de la Rectoría constará de dos etapas. La primera será la auscultación para la nominación de candidaturas y la auscultación sectorial a través de votación sectorial individual, libre, directa y secreta, en la modalidad presencial o electrónica. La segunda será la calificación del proceso de votación y el nombramiento de la persona titular de la Rectoría por parte del Consejo Universitario.
Finalmente, en el Reglamento de Elecciones de Autoridades Universitarias en su artículo 34 dice que la elección presencial o electrónica de la persona titular de la Rectoría será mediante voto sectorial, individual, libre, directo y secreto. Se agrega en el artículo 39 que el Consejo Universitario calificará las elecciones a través de las personas consejeras representantes que emitirán su voto conforme a los mandatos conferidos por sus representados, a través de la votación sectorial que deberá ser individual, nominal, pública y directa. Y en el artículo 41 agrega algo que es fulminante: “Para el caso de que las personas consejeras no emitan su voto conforme al mandato de sus sectores, se impondrá como sanción la expulsión o rescisión de la Universidad, según corresponda”. Quien quiera ser autoridad universitaria debe conocer bien la legalidad universitaria.
De todo lo anterior, concluyo que el mensaje más poderoso que emana de las elecciones del 10 de septiembre es que la BUAP debe cambiar. El malestar creciente y la legitimidad decreciente está imponiendo la necesidad de ese cambio. Me parece que la vía más democrática para hacerlo es mediante la realización de un Congreso Universitario que retome las demandas de los estudiantes y de los trabajadores académicos y no académicos de la universidad. Una resolución muy importante que debe tomar ese congreso es la pertinencia del voto universal para elegir autoridades académicas, la eliminación de la reelección, la reconsideración de la extensión de los mandatos del rector/a y directores de unidades académicas y la eliminación de éstos últimos como consejero/as universitario/as que tienen derecho a voz y voto. Todas estas decisiones deben ser hechas con un espíritu ajeno a la politiquería electoral. No ha dejado de sorprenderme cómo no pocos de quienes se rasgaron las vestiduras por la no reelección, ahora apoyaron la reelección de la rectora con singular alegría.
Y en este contexto, debe haber un compromiso explícito de que la autoridad rectoral complete el período para el cual fue electo. No puede repetirse el ejemplo de los rectores Enrique Doger en 2004 y Enrique Agüera en 2013 que dejaron su cargo antes de tiempo para ser candidatos a presidentes municipales. Vivimos tiempos en la BUAP que no son los de costumbre, hagamos de este hecho una oportunidad para el cambio.
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