Toda organización necesita reglas. Las tienen los ejércitos, las empresas, los sindicatos, los clubes deportivos, las universidades y hasta las logias masónicas, que son secretas. Algunas están escritas; otras pertenecen al terreno de los usos y costumbres. Determinan qué se puede hacer, qué resulta inadmisible y, sobre todo, qué consecuencias existen cuando alguien cruza los límites. Los partidos políticos no son la excepción. Al tratarse de entidades de interés público que reciben recursos públicos, postulan candidatos, disputan elecciones y gobiernan, deberían tener normas de comportamiento mucho más exigentes que cualquier organización privada.
En México existe una larga historia de disciplina partidista. El viejo PRI construyó durante décadas un complejo sistema de premios y castigos. Había estatutos, ciertamente, pero las reglas verdaderamente importantes no estaban escritas. La primera era elemental: disciplina al gobernador y, por encima de éste, disciplina al presidente de la República. El presidencialismo era la columna vertebral de aquella cultura política. El presidente decidía candidaturas, ascensos y descensos. Administraba ambiciones y resolvía conflictos. Podía abrir las puertas del poder o cerrarlas definitivamente. Todos conocían las reglas y prácticamente nadie necesitaba que se las explicaran.
Había también una carrera política más o menos establecida. El militante podía comenzar como dirigente municipal o regidor, después aspirar a presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador y gobernador. Algunos llegaban al gabinete federal y sólo unos cuantos tocaban la puerta de la Presidencia. También estaban los cargos partidarios y las posiciones en los sectores obrero, campesino y popular. Existía una especie de escalafón político. No era democrático ni necesariamente meritocrático, pero tenía una lógica. El político sabía que debía esperar su momento. Adelantarse significaba correr el riesgo de quedar fuera. “El que se mueve no sale en la foto”.
Había incluso otra regla no escrita: quien entraba a la política debía decidir entre hacer política o hacer dinero. Si optaba por los negocios, tenía que alejarse de determinadas posiciones; si elegía la política, debía invertir tiempo, relaciones y recursos en construir una carrera. La corrupción, por supuesto, existía, pero hasta ésta tenía reglas informales.
Aquella cultura comenzó a romperse en 1987 con la Corriente Democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. La ruptura de 1988 abrió una grieta que nunca volvió a cerrarse completamente. En 1994, con el trágico asesinato de Luis Donaldo Colosio, muchas de las certezas del viejo presidencialismo se hicieron trizas. Después llegaron la pluralidad, los gobiernos divididos, las gubernaturas de oposición y finalmente la alternancia presidencial del año 2000. El presidente dejó de ser el gran árbitro de toda la clase política mexicana y cada partido tuvo que desarrollar sus propios mecanismos de disciplina.
Surgieron entonces comisiones de honor y justicia, órganos de control interno, códigos de ética y procedimientos para resolver controversias entre militantes. PAN, PRI, PRD y posteriormente Morena desarrollaron distintas estructuras para sancionar conductas contrarias a sus documentos básicos.
Morena representa un fenómeno extraordinario en la historia política mexicana. En muy pocos años pasó de movimiento social y político a partido nacional, y prácticamente de inmediato se convirtió en la principal fuerza electoral del país. Obtuvo su registro en 2014; cuatro años después ganó la Presidencia de la República y seis años más tarde volvió a conquistarla. Paralelamente acumuló gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y senadurías. Morena aprendió muy rápidamente a ganar elecciones. El problema es que conquistar el poder y construir una institución política son dos cosas completamente diferentes.
Los estatutos y documentos básicos de Morena contienen principios de honestidad, austeridad, combate a la corrupción, respeto a los derechos, rechazo al influyentismo y compromiso con las causas populares. Sobre el papel no parece existir mayor problema. La dificultad comienza cuando esos principios deben aplicarse a personas. Morena creció tan rápidamente que incorporó a políticos provenientes prácticamente de todas las culturas partidistas: antiguos priistas, perredistas, panistas, petistas, dirigentes sociales, empresarios, académicos y ciudadanos sin militancia previa. Esa diversidad contribuyó a construir una enorme fuerza electoral, pero dificultó la formación de una cultura política común.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador esa contradicción fue contenida por la autoridad política del fundador del movimiento. López Obrador era mucho más que el presidente de la República: era el referente histórico y moral de Morena. Ante numerosos señalamientos contra funcionarios, gobernadores, legisladores o dirigentes, frecuentemente asumió desde la conferencia mañanera su defensa política. Su palabra tenía suficiente peso para contener diferencias, establecer límites y disciplinar grupos.
Ese tiempo terminó. Claudia Sheinbaum encabeza el gobierno y posee una enorme legitimidad electoral, pero Morena tiene que aprender a resolver sus propios problemas sin esperar que desde Palacio Nacional se determine quién tiene razón, quién debe ser castigado y quién merece protección. Eso significa institucionalizar al partido. La organización debe pasar de la disciplina derivada del liderazgo personal a la disciplina establecida mediante reglas. Parece una diferencia menor, pero constituye probablemente uno de los mayores desafíos políticos de Morena después de haber conquistado la Presidencia por segunda ocasión.
En este contexto adquiere relevancia la suspensión provisional de los derechos partidarios de dos diputadas poblanas de Morena señaladas por comentarios discriminatorios contra adultos mayores. El episodio podría parecer menor frente a los grandes problemas nacionales, pero políticamente tiene otra dimensión. Morena ha convertido la defensa de los adultos mayores en uno de los símbolos de su política social. Por eso expresiones discriminatorias provenientes de representantes populares pertenecientes al propio movimiento no pueden reducirse a una desafortunada ocurrencia verbal. Existe una contradicción entre el discurso político que se defiende y el comportamiento público de quienes representan al partido.
La suspensión provisional parece representar un primer golpe de autoridad. No significa que las legisladoras sean culpables ni que deban ser expulsadas. Precisamente porque se trata de una medida provisional, corresponde garantizarles audiencia, defensa y debido proceso. Morena cometería un grave error si sustituyera la disciplina partidista por el linchamiento en redes sociales. Los órganos correspondientes tendrán que revisar los hechos y resolver conforme a sus normas. La importancia del caso está en otro lugar: por primera vez en mucho tiempo aparece claramente la posibilidad de que violar los principios partidistas tenga consecuencias políticas internas.
Ahora viene la parte difícil. ¿Será un caso aislado o el comienzo de una verdadera política de disciplina? Morena necesita establecer reglas que puedan aplicarse a todos. No puede existir una justicia para militantes sin influencia y otra para gobernadores, senadores, diputados, alcaldes o dirigentes nacionales. Tampoco puede sancionarse exclusivamente aquello que provoca escándalo mediático mientras se ignoran conductas mucho más graves que no alcanzan notoriedad pública. Si los estatutos solamente funcionan cuando existe presión en las redes sociales, entonces no existe institucionalidad; existe manejo de crisis.
También sería peligroso confundir disciplina con obediencia. El viejo PRI demuestra los riesgos de ese camino. Morena necesita militantes capaces de debatir, disentir y cuestionar decisiones de sus dirigentes. Un diputado no debe convertirse en levantadedos ni un senador en empleado de la dirigencia. La libertad política interna resulta indispensable para cualquier organización democrática. Pero una cosa es disentir y otra violar principios básicos de comportamiento. La crítica política debe protegerse; la discriminación, la corrupción, el tráfico de influencias, la violencia, el nepotismo y el abuso de poder deben tener consecuencias.
El verdadero examen llegará cuando el involucrado sea un personaje poderoso. Cuando tenga votos, estructuras territoriales, recursos, relaciones y cercanía con los principales dirigentes. Ahí sabremos si Morena realmente construyó una disciplina institucional o simplemente aplicó una sanción coyuntural. Castigar al militante débil nunca ha sido demasiado complicado. Aplicar exactamente la misma norma a un gobernador, un senador, un dirigente nacional o un personaje cercano al poder es otra historia. Las instituciones no se prueban cuando hacer cumplir la ley resulta sencillo; se prueban cuando hacerlo tiene costos políticos.
Esto será particularmente importante rumbo a 2027. Morena enfrentará una enorme competencia interna por candidaturas a gubernaturas, diputaciones, congresos locales y presidencias municipales. Miles de aspirantes buscarán posiciones que inevitablemente serán insuficientes para satisfacer todas las ambiciones. Sin reglas claras, esa competencia puede convertirse en una guerra interna. El partido necesita establecer límites sobre campañas anticipadas, utilización de recursos públicos, nepotismo, conflictos de interés, comportamiento de funcionarios y respeto entre aspirantes. La disciplina no puede aparecer únicamente después del escándalo; tiene que prevenirlo.
La suspensión provisional de los derechos partidarios de las dos legisladoras poblanas puede ser una señal importante. Puede significar que Morena finalmente decidió hacer valer aquello que establecen sus estatutos y principios éticos. O puede terminar siendo simplemente una reacción frente a un episodio incómodo. Lo sabremos muy pronto, porque seguramente vendrán nuevos casos y algunos involucrarán personajes con mucho mayor peso político. Entonces veremos si las reglas son realmente reglas o si continúan dependiendo de nombres, circunstancias y conveniencias.
Vamos a ver si esta golondrina sí hace verano. Morena ya demostró que sabe ganar elecciones, conquistar gobiernos y construir mayorías. Ahora necesita demostrar algo posiblemente más difícil: que sabe gobernarse a sí mismo. Un partido no se institucionaliza solamente mediante estatutos, congresos y comisiones; se institucionaliza cuando todos sus integrantes saben que existen límites y que cruzarlos tiene consecuencias. Si Morena consigue construir esa cultura, habrá dado un paso fundamental para convertirse en una organización política duradera. Si no lo hace, tarde o temprano descubrirá una vieja lección de la política mexicana: el poder sin reglas termina devorando a quienes creen controlarlo.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
