La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marca un parteaguas en la historia reciente de la seguridad en México. Durante años fue el narcotraficante más buscado del mundo, símbolo del poder expansivo, violento y tecnológicamente sofisticado de una organización que logró disputar territorios al Estado y a otros grupos criminales. Su captura y posterior fallecimiento a causa de las heridas sufridas durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, constituyen, sin duda, un triunfo operativo para el gobierno de México y también para el de Estados Unidos. Pero como todo episodio en materia de seguridad nacional, el éxito táctico abre interrogantes estratégicas.
El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional fue claro: trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO) permitieron planear y ejecutar una operación en la que participaron Fuerzas Especiales del Ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Hubo enfrentamiento. Se repelió la agresión. Cuatro integrantes del CJNG murieron en el lugar; tres más fallecieron durante el traslado aéreo, entre ellos El Mencho. También se aseguraron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.
Este dato no es menor. La capacidad de fuego exhibida por el grupo criminal confirma que ya no estamos ante organizaciones rudimentarias, sino frente a estructuras con entrenamiento, logística, redes internacionales de abastecimiento y armamento de uso exclusivo del Ejército. La seguridad nacional dejó hace tiempo de ser un concepto abstracto para convertirse en una disputa concreta por el monopolio legítimo de la fuerza.
Desde la perspectiva de inteligencia, el operativo revela varios elementos. Primero, la capacidad del Estado para integrar información interinstitucional y coordinarse con agencias estadounidenses en el marco de la cooperación bilateral. Segundo, la posibilidad para ubicar, identificar y esperar el momento preciso para actuar. Y tercero, la decisión política de asumir los costos inmediatos de una acción de esta magnitud.
Porque los costos fueron inmediatos. Hasta la noche del 22 de febrero se reportaron 252 bloqueos en 20 estados. Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Querétaro, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo, Morelos y Puebla registraron hechos violentos. Hubo quema de vehículos, ataques a establecimientos comerciales, afectaciones a gasolineras y a bancos del bienestar. Se cancelaron vuelos a Guadalajara, Nayarit y Colima; corridas de autobuses hacia el Bajío; se suspendieron clases en al menos cinco estados. El gobierno estadounidense y el canadiense emitieron alertas para sus ciudadanos en territorio mexicano.
La reacción coordinada del CJNG demuestra que su presencia territorial es real y profunda. La capacidad de activar células en 20 entidades en cuestión de horas habla de una estructura descentralizada, con mando operativo regional y protocolos de respuesta previamente diseñados. No fue una reacción espontánea; fue una demostración de fuerza.
Aquí radica la parte más delicada. La experiencia reciente en Sinaloa, tras la captura y extracción del Mayo Zambada, dejó como saldo más de mil muertos y un impacto económico devastador producto de la guerra interna entre facciones. La decapitación de un liderazgo criminal no garantiza la desarticulación automática de la organización. A veces ocurre lo contrario: la fragmentación genera mayor violencia.
En el caso del CJNG, pueden presentarse al menos tres escenarios. El primero, una pugna interna por el control del cártel. El segundo, una estrategia de venganza selectiva contra instalaciones estratégicas o símbolos gubernamentales. El tercero, un reacomodo silencioso que derive en alianzas coyunturales con otros grupos para mantener rutas y mercados.
Por ello, el verdadero desafío comienza ahora. La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete de seguridad enfrentan una prueba de fuego. No basta con el éxito operativo; se requiere consolidar el golpe estratégico. Esto implica inteligencia permanente, control territorial efectivo y coordinación con gobiernos estatales y municipales.
El despliegue debe ser quirúrgico. No se trata de militarizar indiscriminadamente, sino de proteger instalaciones estratégicas, reforzar puntos críticos y anticipar movimientos. La inteligencia financiera también será crucial: congelar cuentas, rastrear flujos, identificar testaferros y debilitar la estructura económica que sostiene al grupo.
Hay otro componente esencial: la comunicación estratégica. El respaldo social al Ejército y al gobierno es un activo político y moral que debe preservarse. En contextos de alta violencia, la narrativa importa. El Estado debe transmitir control, capacidad y legalidad. La legitimidad es un elemento central de la seguridad nacional.
Al mismo tiempo, no se puede ignorar la dimensión internacional. La cooperación con Estados Unidos fue determinante en la obtención de información complementaria. Ello confirma que el fenómeno del narcotráfico es transnacional. Armas que cruzan la frontera norte, dinero que fluye hacia el sistema financiero internacional y consumo que sostiene el mercado ilícito. La corresponsabilidad debe ser exigida con firmeza.
El abatimiento de El Mencho envía un mensaje claro: ningún líder criminal es intocable. Sin embargo, también evidencia que las organizaciones criminales han evolucionado hacia modelos empresariales con estructuras resilientes. El líder cae; la red permanece. Desmantelar esa red es la tarea pendiente.
Desde la perspectiva de seguridad nacional, el caso obliga a reflexionar sobre tres ejes: prevención, contención y reconstrucción institucional. Prevención, mediante inteligencia anticipativa y políticas sociales que reduzcan la base de reclutamiento. Contención, con despliegues focalizados y coordinación intergubernamental. Reconstrucción, fortaleciendo policías locales, ministerios públicos y sistemas de justicia.
El Mencho fue abatido. El símbolo cayó. Pero el cuerpo de la organización criminal sigue siendo un riesgo latente para la estabilidad del país. La historia reciente enseña que los vacíos de poder se llenan rápidamente si el Estado no ocupa el espacio con eficacia.
La verdadera victoria no será la fotografía del operativo ni el comunicado oficial. Será la capacidad del Estado mexicano para impedir que los 252 bloqueos se conviertan en una espiral prolongada de violencia. Será evitar que la pugna interna derive en masacres. Será garantizar que la vida cotidiana en Jalisco, Michoacán o Guanajuato recupere normalidad sin miedo.
La seguridad nacional no es un evento; es un proceso continuo. La inteligencia no es sólo información; es anticipación. Y el liderazgo político no se mide en el golpe inicial, sino en la estabilidad posterior.
Estamos ante un momento definitorio. El Estado ha demostrado capacidad para golpear al corazón de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente. Ahora debe demostrar que puede administrar las consecuencias. Esa es la auténtica prueba de fuego.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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