Inicio la presente columna diciendo algo que puede parecer obvio a quienes me conocen personalmente, pero que es necesario para quienes no: yo, al igual que más de treinta millones de mexicanos, tengo doble ciudadanía. En mi caso, tengo, además de la nacionalidad mexicana por nacimiento, la ciudadanía portuguesa por residencia. Esto significa que he pasado -bastante- más que seis años en Portugal y que he cumplido -sobradamente- los requisitos que este país pide para que los residentes legales nos convirtamos en ciudadanos.
La razón para llevar a cabo este proceso -y no por ejemplo, el que mi propia familia me permitiría para solicitar la nacionalidad española o guatemalteca por ascendencia-, tiene un contenido doble; por un lado, es un asunto pragmático: tener la ciudadanía del país donde habitas, te da muchísimas ventajas burocráticas respecto a asuntos como seguridad social, fiscalización, trámites de gobierno y evitas, al final del día, los trámites migratorios obligatorios en los que, cada cierto tiempo, debe someterse un migrante. Por otro lado, he preferido tener esta ciudadanía y no las otras posibles, debido a mi cercanía de vida y de principios con la República Portuguesa. Nací libre, ciudadano y jamás, si me es posible, me convertiré en súbdito.
Dicho esto, queda claro entonces que mi caso es uno de aquellos que se encuentran contemplados en la reforma constitucional para evitar las candidaturas de personas con “doble nacionalidad”. Lo pongo entre comillas por una cuestión eminentemente conceptual: yo no soy nacional de dos países, porque siempre y sin importar lo que suceda, soy mexicano. Incluso aunque por alguna razón este país, mío y nuestro, decidiera que ya no lo soy legalmente (algo que además nuestro marco jurídico no permite… por ahora), yo no dejaría de serlo. Pero soy ciudadano de ambos, aunque en la práctica tenga limitaciones en ambos.
Además de ello, como ustedes saben, incluso sólo viendo mi nombre, varios de mis familiares son políticos. Incluso diré, en varios partidos distintos (afortunadamente, que yo recuerde, nunca en Acción Nazional). He crecido entre fiestas con diputados, senadores, presidentes municipales y muchísimos funcionarios de todos los niveles de gobierno. Sé que si en algún momento decidiera regresar a México, tendría una ligerísima ventaja en ese aspecto respecto a otras personas, en caso de que me gustara la política electoral, como lo tengo en muchos otros espacios de la vida.
Dicho todo esto, tengo que decir que la reforma para evitar que las y los gobernadores, jefes de gobierno y quien busque la presidencia de la república sea alguien sin doble ciudadanía/nacionalidad, es algo totalmente necesario y que debió hacerse hace mucho tiempo. No -como dice mi amigo Juan Caimán- porque esa reforma frene a quienes desean entregar a nuestro país, sino porque es un requisito mínimo para evitar ciertos problemas técnico-legales en los que una eventual candidatura -no hablemos ya de Presidencia o gobernatura- podría acarrear.
Voy a ser especialmente claro en esto. Portugal -Guatemala, Colombia, Haití, Argentina incluso- no serían grandes problemas en ese aspecto; pero si lo sería por ejemplo, Estados Unidos, por varias razones. El sistema legal estadounidense tiene, desde hace cincuenta años, formas de convertir en delito la persecución jurídica de sus ciudadanos. Incluso si eso se deriva de un proceso legal constituido mediante mecanismos totalmente aceptados en el resto del mundo. Estas medidas, construidas originalmente para evitar que los militares norteamericanos sean perseguidos por crímenes de guerra, se ha ampliado para evitar que funcionarios estadounidenses dentro del gobierno de ese país, no puedan ser penal, civil o administrativamente responsables en tribunales extranjeros o internacionales. Es decir, básicamente es que Estados Unidos no sólo no reconoce a los más importantes tribunales internacionales de nuestro sistema, sino que además considera que acusar, investigar o sancionar a sus ciudadanos por crímenes de guerra, delitos internacionales o de cualquier otro tipo, es potencialmente, un delito.
Esta situación crea una tensión especialmente importante para países que históricamente han tenido problemas con Estados Unidos -y pocos países tienen una historia tan larga en este aspecto, como nosotros- pues genera una certeza de impunidad para sus ciudadanos. No es sólo que esas reglas existan para ciertos delitos, sino que su existencia genera la certeza de arbitrariedad del poder estadounidense, que puede perfectamente decidir, el día de hoy, amplificar sus reglas para proteger a cualquier ciudadano ante cualquier delito. Dicho esto, bastaría con que el día de mañana un gobernador que tuviera doble ciudadanía decidiera hacer algo ilegal en México pero que beneficiara a los Estados Unidos, para que ellos decidieran -según el peso político de la acción- proteger a su ciudadano y sus acciones. Dado el hecho innegable que compartimos una de las mayores fronteras terrestres del mundo con ese país, y que hemos tenido, desde nuestras independencias, múltiples problemas por este hecho, no me resulta muy tranquilizador pensar que un gobernador cualquiera podría llevar a cabo ciertas acciones para beneficiar al otro país…
Contra este argumento, alguien podría decir, con mucha razón, que EEUU no necesita que quien realice esta acción sea ciudadano de su país. Le bastaría con otorgar dicha ciudadanía después del acto, o incluso, como ha sucedido en otros países, construir a un caballo de Troya en el país, que sepa que su triunfo se le debe a ellos y sienta que les debe algo. Esto es verdad; no se necesita que sea un ciudadano estadounidense, porque en cualquier lugar del mundo, existen personas dispuestas a realizar el trabajo sucio por algo mucho más pequeño que el poder político. La historia de ese país está llena de ladrones, filibusteros, invasores y traidores que se lanzaron a aventuras similares y que muchas veces tuvieron éxito, aunque sus acciones fueran inmorales e incluso ilegales.
Precisamente por ello, es que considero que la reforma es importante. No porque sea la solución definitiva a ese problema, sino porque cortó el camino que se venía construyendo en nuestro país para ello. En este momento, las principales figuras de la extrema derecha que estaban siendo impulsadas en nuestro país -como por ejemplo Salinas Pliego- y la estrategia que buscaban impulsar en los estados fronterizos, fue desarticulada. Se tendrán, lo sabemos, que buscar nuevas formas para luchar contra ello en el mañana, pero los caminos que estaban construyendo hoy, fueron literalmente cortados. Y el costo no fue tampoco muy grande. Contrario a lo que las redes de derecha pretenden decir, la gran mayoría de las y los migrantes que tenemos doble nacionalidad/ciudadanía, no aspiramos a tener un cargo público de ellos en el futuro inmediato. Muchos, pensamos, no tendríamos jamás ni siquiera la oportunidad. Por ello, no vemos mal la reforma. Los derechos político-electorales se mantienen para todas y todos, con exigencias procedimentales mínimas: si quieres ser presidente y tienes doble ciudadanía, debes renunciar a ella.
Algunas personas insisten en presentar esta idea como una limitación de nuestros derechos. Pero vean que son exactamente los mismos que hasta ahora, buscaban que las personas que ocupaban un cargo público tuvieran que cumplir con más condiciones de las que están actualmente en la ley -por ejemplo, que tuvieran una licenciatura- e incluso, que para poder votar tuviéramos que hacer un examen. No se trata de que no quieran que se limiten los derechos, se trata de que quieren que se limiten para el pueblo, pero no para ellos. Claro que el argumento que utilizan es que hay “millones de migrantes” que pierden la posibilidad de ser candidatos. Pero esos migrantes no quieren ser candidatos. Y si quisieran, ellos mismos no los dejarían. Les dirían nombres, se burlarían de ellos -como ya lo hacen- y dirían que “no conocen México”. Como me lo dicen a mí personas que literalmente no salen de su casa hace seis años y que no tienen contactos externos fuera de ver las noticias en la tele.
No se trata entonces de que esta limitación sea vista como un atentado a la democracia por ser eso: una limitación. Sino que se presenta como tal porque hay grupos de poder que intentaban utilizar el mecanismo para obtener ventajas espectaculares con ello. No cuesta mucho pensar en ello ¿de verdad ustedes creen que Ricardo Salinas Pliego llegaría a la presidencia para mejorar la vida de la gente en México? ¿de verdad alguien cree que no haría a su familia cien veces más rica, incluso de formas ilegales, como única acción de gobierno? Claro que mucha gente es enseñada, por medio de fake news, que eso es algo que pasa “en todos los partidos”. Si queremos creer eso, lo vamos a ver siempre. Pero miren la diferencia en un gobierno progresista: un aumento del salario mínimo histórico, como ningún lugar del mundo. Una mejora de la calidad de vida total. Una economía sólida. Vean, para más, quienes están enojados con esto: no conozco a una buena persona, que yo creyera antes que era inteligente y bondadoso, que lo esté. Son aquellos a quienes les di siempre la vuelta porque sabía que eran malas personas o que no entendían nada. Y eso, lo digo ahora, bien vale mi imposibilidad de ser Presidente de México en 2030.
Claro, antes de la reforma no tenía posibilidad ninguna. Pero eso dicen ellos, es secundario.
