El Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, representa un esfuerzo sin precedentes para materializar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada. Con una meta de 1.2 millones de viviendas nuevas, 1.55 millones de mejoras habitacionales y un millón de escrituras durante el sexenio, el plan busca atender el rezago habitacional que aqueja a 53.3 millones de mexicanos.
En 2025, ya se levantan 138,473 hogares en 30 estados, respaldados por una inversión pública de 600,000 millones de pesos. Este esfuerzo no solo transformará el paisaje urbano, sino que generará 6.1 millones de empleos directos y 9.2 millones indirectos, con un efecto multiplicador en la economía nacional: por cada peso invertido en construcción, se dinamizan sectores como el acero, cemento, transporte, servicios profesionales y comercio, generando un círculo virtuoso de producción y consumo.
A diferencia de los modelos neoliberales que dejaron 650,000 viviendas abandonadas por su lejanía y falta de servicios básicos, este programa prioriza zonas urbanas bien conectadas, con acceso garantizado a transporte público, agua y electricidad. La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Infonavit encabezan la iniciativa, con especial atención a sectores históricamente excluidos: mujeres jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y jóvenes.
El plan también contempla que el 20% de las viviendas nuevas se destinen a renta asequible, para ofrecer soluciones inmediatas a quienes no pueden acceder a la propiedad. En el Estado de México, 100,000 familias ya reciben apoyos de 40,000 pesos para mejorar sus hogares, mientras en Baja California Sur se arranca con la construcción de 37,500 casas.
Más allá del beneficio social, la vivienda se consolida como motor de desarrollo económico: cada proyecto impulsa la cadena productiva, fortalece la economía local y fomenta la creación de empleos bien remunerados. Con esta estrategia, el derecho a la vivienda se convierte no solo en una política social, sino en una palanca clave para el crecimiento inclusivo del país.
También puedes leer: México, ante el filo del T-MEC: Integración total o ruptura
