En una contundente respuesta a las redadas migratorias impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a reforzar la protección de las comunidades inmigrantes, a las que considera blanco de operativos “ilegales y caóticos”.
La medida llega tras más de un mes de intensos operativos en barrios de alta concentración migrante, incluyendo un polémico despliegue militar esta semana en el Parque MacArthur —epicentro de la comunidad centroamericana en la ciudad— donde agentes enmascarados irrumpieron en vehículos blindados, a caballo y con apoyo aéreo de un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin contar con autorización del gobierno local.
“La orden ejecutiva es necesaria para que Los Ángeles pueda enfrentar el enfoque migratorio caótico de la administración Trump”, declaró Bass, quien además calificó el operativo del lunes como un intento por “atemorizar” a los angelinos.
Entre las acciones contempladas en la directiva destacan:
- La prohibición expresa del uso de recursos municipales para colaborar con agencias federales en la aplicación de la ley migratoria.
- La creación de un nuevo grupo de trabajo dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para monitorear y responder a redadas.
- La expansión de recursos legales y humanitarios para familias afectadas.
- La solicitud formal de registros y justificaciones por parte de agencias federales sobre sus recientes intervenciones en la ciudad.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, subrayó la alcaldesa, quien también anunció que el Ayuntamiento se unió a una demanda federal contra el Ejecutivo estadounidense, en la que se argumenta que los operativos violan la Constitución y se basan en el perfilamiento racial.
Con estas acciones, Bass busca posicionar a Los Ángeles como bastión de resistencia ante una política migratoria que, asegura, pone en riesgo los derechos civiles y la seguridad de miles de familias trabajadoras.
La decisión de la alcaldesa se suma a una ola de gobiernos locales que han comenzado a enfrentar judicialmente al gobierno federal ante el aumento de redadas migratorias, en lo que ya se perfila como un nuevo frente de batalla política rumbo a las elecciones de noviembre.
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