En los primeros cinco meses de 2026, Puebla acumuló 13 agresiones contra periodistas, una cifra que equivale al 76.4 por ciento de todos los casos registrados durante 2025. El dato anticipa un escenario de mayor riesgo para el ejercicio periodístico en la entidad, pues en menos de medio año los ataques ya se acercan al total anual previo, cuando se contabilizaron 17 agresiones.
La información fue presentada por la Red de Periodistas de Puebla en el marco del Día de la Libertad de Expresión. La organización advirtió que los casos registrados entre enero y mayo prácticamente igualan los reportados en el mismo periodo del año pasado. De mantenerse esta tendencia, la cifra de 2026 podría superar el acumulado anual previo, lo que confirma la persistencia de la violencia contra comunicadores.
De acuerdo con el informe, seis municipios concentran la totalidad de las agresiones denunciadas. La ciudad de Puebla encabeza la lista con siete casos, más de la mitad del total estatal, consolidándose como el principal foco de riesgo para quienes realizan labores informativas. El dato es relevante debido a que la capital concentra buena parte de la actividad política, social, institucional y mediática de la entidad.
El resto de los incidentes se distribuyó en otros municipios: Tehuacán registró dos casos, mientras que Tepatlaxco, Atlixco y San Andrés Cholula reportaron uno cada uno, al igual que otro municipio no especificado en el informe. Esta dispersión muestra que el problema no se limita a la capital ni a la zona metropolitana, sino que también alcanza regiones donde el ejercicio periodístico suele realizarse con menos redes de protección.
Bloqueos, hostigamiento y agresiones físicas marcan el riesgo para la prensa
Las agresiones más recurrentes fueron el bloqueo informativo acompañado de hostigamiento o jaloneos, con cinco casos documentados. También se reportaron dos agresiones físicas, además de un asalto, una detención arbitraria, un intento de detención arbitraria, un intento de asalto, un caso de adeudo de salarios y actos de censura. La diversidad de ataques muestra que la violencia contra periodistas no siempre ocurre de la misma forma, pero sí tiene un efecto común: limitar el derecho a informar.
Respecto a los responsables señalados, los policías municipales encabezan la lista con tres menciones. Después aparecen directivos de empresas, franeleros y presuntos delincuentes, con dos casos cada uno. También fueron señalados personal de seguridad privada, comerciantes, empleados de la BUAP y un poblador. La amplitud de actores involucrados refleja que las agresiones provienen tanto de autoridades como de particulares, lo que vuelve más complejo el entorno de riesgo para el gremio.
En su posicionamiento, la Red de Periodistas de Puebla exigió respeto absoluto a los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, que protegen la libertad de expresión y el derecho a difundir información. La organización señaló que garantizar la seguridad de quienes ejercen labores informativas no puede quedar solo en declaraciones conmemorativas, sino que debe traducirse en condiciones efectivas para cubrir hechos públicos sin censura, intimidación ni violencia.
La Red también recordó que mantiene amparos colectivos e individuales relacionados con la llamada Ley de Ciberasedio, aprobada en junio de 2025. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 480 del Código Penal de Puebla, la organización sostuvo que continuará con acciones legales para evitar disposiciones similares que puedan vulnerar la libertad de expresión. El llamado final fue claro: proteger el derecho a la información, frenar las agresiones y garantizar que periodistas y medios puedan trabajar sin censura previa ni amenazas.
Imagen: Redes
