A casi cinco años de la explosión en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, el Ayuntamiento de Puebla donará nueve viviendas a familias damnificadas durante el primer semestre de 2026, como parte de la reparación de los daños.
Este proyecto se implementa para atender la recomendación 169/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno panista de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, misma que fue heredada por la administración de Pepe Chedraui.
En entrevista este viernes 30 de enero, la síndica municipal de Puebla, Mónica Silva Ruiz, informó que los afectados ya aprobaron el prototipo de viviendas propuesto por las autoridades, por lo que todo está listo para iniciar la obra este mismo año.
“Este año tiene que quedar. Sin duda puedo decir que en el primer semestre de 2026 ya tenemos la anuencia por parte de todas las víctimas reconocidas por la CNDH, quienes manifestaron ante el notario público que les gustó el prototipo de vivienda”, dijo.
Se destinará una inversión de 13 millones de pesos para la edificación de las casas, que se ubicarán en la calle 124 B, número 70, de la colonia San Aparicio Las Fuentes. El terreno abarca 895,85 metros cuadrados de uso de suelo habitacional.
Aunque este proyecto fue heredado por el gobierno pasado, la síndica municipal explicó que el proceso se retrasó porque la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, que inicialmente iba a encargarse de la obra, solo tiene facultades para viviendas de utilidad pública.
Por ello, Mónica Silva precisó que se trabaja en una propuesta jurídica para asignar la responsabilidad a la dependencia municipal correcta, con el objetivo de iniciar la construcción y entregar las casas lo antes posible como donación.
La tragedia en San Pablo Xochimehuacán ocurrió el 31 de octubre de 2021, cuando una explosión provocada por una toma clandestina en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) colapsó 59 viviendas, afectando a 265 personas. Cinco perdieron la vida y otras 11 resultaron con lesiones graves.
Dos años después, la CNDH responsabilizó al gobierno municipal en turno —primero encabezado por Eduardo Rivera y luego por Adán Domínguez— de reparar los daños mediante la entrega de nueve viviendas y la regularización de 23 colonias. Sin embargo, la acción fue ignorada y quedó pendiente hasta la actual administración.
Foto: Agencia Enfoque
