El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dio un paso histórico en la agenda de derechos humanos al emitir este jueves una ordenanza que fija metas e indicadores concretos para erradicar el racismo y la discriminación contra pueblos indígenas y afrodescendientes. La medida, presentada en el Palacio del Planalto, formaliza la lucha antirracista como una política de Estado permanente y la vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18 (ODS 18), creado por Brasil como aporte propio a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
La ordenanza, firmada por los ministerios de los Pueblos Indígenas, de Igualdad Racial y la Secretaría General de la Presidencia, establece un sistema de monitoreo continuo que estará a cargo de la Comisión Nacional para los ODS.
El plan contempla diez metas prioritarias respaldadas por indicadores sociales y económicos para medir avances:
- Trabajo y empleo: monitoreo de desigualdad salarial, reducción de la informalidad y aumento de participación en puestos de liderazgo.
- Seguridad pública: combate a homicidios, feminicidios y crímenes de odio, con datos desagregados por raza y color.
- Justicia y sistema penitenciario: reducción de desigualdades en el acceso a la justicia y en el encarcelamiento de grupos racializados.
- Representación política y social: incremento de la presencia de indígenas y afrodescendientes en el sector público, empresas y espacios de decisión.
- Reparación histórica: reconocimiento de pérdidas territoriales, culturales y ambientales de quilombolas y pueblos originarios.
- Vivienda y servicios básicos: expansión de acceso a vivienda digna, agua y saneamiento.
- Salud: fortalecimiento de un sistema de atención respetuoso de culturas y saberes tradicionales.
- Educación: construcción de un modelo inclusivo y antirracista que valore la diversidad cultural y lingüística.
- Biodiversidad y saberes tradicionales: inclusión de las comunidades en decisiones sobre recursos y beneficios.
- Protección de migrantes: combate a la xenofobia y mayor amparo a migrantes indígenas y afrodescendientes.
Durante la apertura de la quinta Conferencia Nacional de Promoción de la Igualdad Racial en Brasilia, Lula advirtió que, pese a los avances legislativos, “hay un imaginario que insiste en colocar a las personas negras en el lugar de la servidumbre, cuando no se les ve como una amenaza”, lo que, dijo, alimenta el “racismo cotidiano” que afecta a millones de brasileños.
Brasil presentó el ODS 18 en noviembre de 2024, en el marco de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, como un llamado a otros países a reconocer el racismo estructural como obstáculo para el desarrollo global. Con ello, el país busca liderar la incorporación de la igualdad étnico-racial como meta global en la agenda de desarrollo sostenible.
Con esta ordenanza, el gobierno brasileño apuesta a una transformación de largo plazo, integrando la reparación histórica y la justicia social como ejes estratégicos de su modelo de desarrollo.
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