El gobierno cubano volvió a denunciar este jueves lo que califica como una estrategia de “guerra económica” y desestabilización por parte de Estados Unidos, luego de que el canciller Bruno Rodríguez acusara al Congreso estadounidense de promover un presupuesto de 75 millones de dólares para fomentar la “subversión” en la isla.
A través de la red social X, Rodríguez criticó lo que denominó el “negocio corrupto de la subversión anticubana”, en el que —según dijo— políticos como el senador Marco Rubio canalizan fondos públicos hacia campañas y grupos destinados a socavar el orden constitucional de Cuba.
Las declaraciones se producen en un nuevo momento de tensión bilateral, tras la reciente aprobación por parte del Senado de EE.UU. de un paquete de recortes federales impulsado por el presidente Donald Trump, que incluye un refuerzo del bloqueo contra Cuba. Aún se espera su ratificación en la Cámara de Representantes.
Parlamento cubano condena endurecimiento del bloqueo
Un día antes, la Asamblea Nacional del Poder Popular emitió una declaración oficial condenando el memorando presidencial del 30 de junio, que prohíbe el turismo estadounidense hacia la isla y amplía las restricciones comerciales. El documento legislativo calificó la medida como parte de una “guerra económica genocida” que busca asfixiar al pueblo cubano.
“El objetivo sigue siendo el mismo desde hace décadas: provocar un colapso social para justificar un cambio de régimen”, afirmó el texto, que también rechazó la permanencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una inclusión que, según el gobierno, agrava la crisis al limitar sus operaciones financieras internacionales.
La Habana sostiene que las sanciones estadounidenses han profundizado la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, y acusa a Washington de intentar someter a la isla por la vía del hambre y el aislamiento económico. En contraste, sectores políticos en Estados Unidos argumentan que los fondos asignados buscan apoyar a la sociedad civil cubana y promover los derechos humanos.
Este nuevo cruce de acusaciones ocurre en un contexto regional más amplio en el que el gobierno de Trump ha endurecido su política exterior hacia los gobiernos considerados “hostiles” en América Latina, reforzando su retórica y sus medidas punitivas contra países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
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