El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aprobó una serie de cambios a sus normas para centros de detención migratoria que reducen obligaciones para contratistas privados y permiten incorporar herramientas de inteligencia artificial en algunas comunicaciones con personas bajo custodia.
La agencia estadounidense señaló que las modificaciones tienen como objetivo “reducir la carga” para los operadores encargados de administrar instalaciones de detención, aunque organizaciones defensoras de migrantes y especialistas en derechos humanos alertaron que podrían traducirse en menores garantías para quienes permanecen detenidos.
Entre los principales ajustes destaca la autorización para utilizar sistemas de inteligencia artificial, como plataformas de traducción automática o herramientas de IA generativa, en interacciones consideradas “no críticas”, incluyendo procesos de ingreso, comunicación cotidiana dentro de las unidades habitacionales y respuesta a ciertas inquietudes de los detenidos.
Expertos en salud penitenciaria cuestionaron esta medida al advertir que muchas quejas presentadas por migrantes pueden involucrar emergencias médicas o situaciones delicadas que requieren atención humana inmediata.
Los cambios también modifican reglas relacionadas con la operación de cárceles privadas que albergan a migrantes detenidos. Analistas indicaron que las nuevas disposiciones podrían facilitar la reducción de costos para contratistas y disminuir su exposición a demandas legales.
Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que las modificaciones representan un retroceso en los mecanismos de vigilancia y podrían empeorar condiciones que ya enfrentan críticas.
La revisión ocurre mientras instalaciones del ICE enfrentan cuestionamientos por reportes de fallecimientos bajo custodia, denuncias de deficiencias médicas, problemas con la alimentación y reclamos sobre trato inadecuado.
Otro de los puntos polémicos está relacionado con los programas laborales voluntarios dentro de los centros de detención. Las nuevas reglas establecen con mayor claridad que quienes participan en estas actividades no son considerados empleados y, por lo tanto, no tienen derecho a salarios o prestaciones laborales.
Durante años, defensores de migrantes han llevado demandas contra operadores privados al considerar que los pagos simbólicos —de alrededor de un dólar diario— representan una forma de explotación laboral.
Especialistas señalaron que la modificación podría fortalecer la posición legal de empresas contratistas ante futuros litigios.
ICE defiende ajustes operativos
La agencia migratoria aseguró que los nuevos estándares mantienen la obligación de proporcionar servicios de interpretación y traducción sin costo para los detenidos, además de incorporar mejoras en áreas como prevención del suicidio y atención de salud mental.
Sin embargo, críticos sostienen que la flexibilización ocurre en un momento en que el ICE cuenta con mayores recursos presupuestarios y debería enfocarse en mejorar las condiciones de las personas bajo custodia, en lugar de reducir requisitos para los operadores privados.
Los cambios abren nuevamente el debate sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa de los centros migratorios y la protección de los derechos básicos de miles de personas detenidas en Estados Unidos.
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