La controversia por la detención de una mujer en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula sumó un nuevo capítulo luego de que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla inició una queja de oficio por la difusión de videos grabados por policías municipales durante el operativo y el traslado de la detenida.
El organismo informó que ya existen tres líneas de investigación relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 11 de junio, cuando la mujer fue asegurada frente a sus hijos menores de edad. Las indagatorias buscan determinar si existieron vulneraciones a derechos humanos durante la intervención de los elementos de seguridad.
La primera queja corresponde al posible uso indebido o desproporcionado de la fuerza pública durante la detención registrada en la zona peatonal de San Andrés Cholula. La segunda está relacionada con una presunta omisión de las autoridades para garantizar la protección y bienestar de los menores que acompañaban a la mujer.
La tercera investigación se abrió por la posible afectación a la intimidad de la ciudadana tras la circulación de videos obtenidos dentro de una patrulla y en instalaciones de la Policía Municipal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos advirtió que la difusión de las grabaciones podría representar una transgresión a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la dignidad humana y el derecho a la propia imagen.
El organismo señaló que las corporaciones de seguridad deben actuar bajo principios de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, objetividad y respeto a los derechos humanos, incluso durante procedimientos derivados de una detención.
Además, destacó que la función de seguridad pública no puede ejercerse de manera arbitraria, por lo que recopilará pruebas, testimonios y documentos para establecer si existieron responsabilidades.
La polémica aumentó después de que comenzaron a difundirse diversos videos en los que aparece la mujer durante su traslado y durante una prueba de alcoholemia, material que presuntamente fue compartido desde instancias vinculadas a la seguridad municipal.
En las grabaciones también se expusieron datos personales de la detenida, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de información por parte de servidores públicos.
La mujer, identificada como Ariana “N”, ha señalado que fue víctima de abuso de autoridad y que sus derechos fueron vulnerados durante el arresto. Posteriormente, acompañada por una legisladora local, pidió que se investigue la actuación de los policías involucrados.
Fiscalía también analiza actuación de policías
Además de la intervención de la CDH, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene un expediente de atención temprana para revisar posibles irregularidades cometidas por los elementos municipales durante la detención.
El caso continúa generando reacciones en la opinión pública debido a la confrontación entre los señalamientos de abuso policial realizados por la detenida y la postura de las autoridades, que difundieron información sobre el procedimiento aplicado.
Mientras avanzan las investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos reiteró que cualquier actuación de las corporaciones de seguridad debe garantizar el respeto a la dignidad de las personas y la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes involucrados en este tipo de situaciones.
Foto: Agencia Enfoque
