El operativo migratorio ‘Charlotte’s Web’, desplegado por el Gobierno de Donald Trump en Carolina del Norte, concluyó oficialmente este jueves tras cinco días de patrullajes intensos, detenciones masivas y tensiones crecientes en ciudades como Charlotte y Raleigh. Aunque la fase activa terminó, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará operando “con normalidad” en el condado de Mecklenburg, según informaron autoridades locales.
El sheriff Garry McFadden confirmó que funcionarios federales notificaron el fin del despliegue. En un mensaje dirigido a la población, afirmó que la prioridad ahora es “restablecer vínculos y fortalecer la confianza” con las comunidades afectadas. Sin embargo, la tranquilidad está lejos de restablecerse.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 250 personas fueron arrestadas en Charlotte y áreas aledañas —el doble de lo que la propia dependencia había informado a inicios de semana—. Las autoridades federales no han ofrecido detalles sobre la identidad de los detenidos ni sobre los criterios utilizados para las aprehensiones, más allá de afirmar que buscaban “a algunos de los criminales ilegales más peligrosos”.
No obstante, experiencias recientes en otras ciudades revelan inconsistencias: en Chicago, nuevos registros judiciales muestran que el 97% de los arrestados en la “Operación Midway Blitz” no tenía condenas penales.
El hermetismo federal ha alimentado un clima de temor en los barrios inmigrantes. Comercios y restaurantes cerraron para evitar enfrentamientos; la asistencia escolar cayó drásticamente; y algunos residentes abandonaron incluso sus lavanderías y tiendas tras ver la presencia de agentes enmascarados.
El gobernador demócrata Josh Stein denunció prácticas de discriminación racial durante los operativos: agentes encapuchados, fuertemente armados, utilizando vehículos sin identificación y realizando detenciones sin órdenes judiciales. “Están avivando el miedo entre la población”, afirmó.
Resistencia organizada y protestas crecientes
El miércoles, alrededor de 100 personas protestaron frente a un Home Depot en Charlotte, uno de los lugares donde con más frecuencia se vieron agentes federales. Entre las pancartas, se leía: “ICE fuera de Home Depot” y “Protejan nuestras comunidades”.
Organizaciones comunitarias y grupos de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Luisiana —donde se prepara otro gran operativo federal para diciembre—, han reforzado la asesoría legal y la documentación de posibles abusos.
Aunque la fase activa de ‘Charlotte’s Web’ terminó, su impacto persiste:
- Familias separadas y sin información sobre el paradero de sus detenidos.
- Negocios paralizados o en pérdidas, temerosos de la presencia federal.
- Comunidades viviendo con ansiedad constante, ante la falta de claridad sobre dónde serán los siguientes operativos.
- Desconfianza hacia agencias federales, acusadas de actuar sin transparencia ni lineamientos claros.
Para muchos residentes, lo ocurrido confirmó “la vulnerabilidad extrema” que enfrentan ante una política migratoria que, según líderes comunitarios, prioriza la fuerza antes que el diálogo o la regularización.
Nuevos operativos en curso
Mientras ‘Charlotte’s Web’ se disipa, ya se preparan nuevos operativos: documentos obtenidos por la prensa confirman que hasta 250 agentes de la Patrulla Fronteriza llegarán a Nueva Orleans en las próximas semanas para iniciar una operación de dos meses en Luisiana.
Tom Homan, zar fronterizo del gobierno de Trump, aseguró que las redadas continuarán sin importar la afiliación política de las ciudades: “Vamos a hacer cumplir las leyes en todo el país”.
La incertidumbre sigue siendo la regla para miles de familias migrantes que todavía intentan recomponer su vida tras una semana marcada por la presencia de agentes armados, detenciones arbitrarias y una sensación de inseguridad que, aseguran, permanece incluso cuando el operativo ya concluyó.
Fotos: X
