El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este sábado una orden ejecutiva que prohíbe a los departamentos locales colaborar con agentes federales, en respuesta a la amenaza del presidente Donald Trump de desplegar fuerzas militares en la ciudad para combatir el crimen y reforzar las redadas migratorias.
La medida, bautizada como iniciativa “Protegiendo a Chicago”, ordena explícitamente que la Policía de Chicago no participe en patrullajes conjuntos ni en la aplicación de la ley migratoria civil. Johnson subrayó que el objetivo es evitar una “militarización” de la urbe y defender los derechos de los habitantes frente a lo que describió como una ofensiva autoritaria de la Casa Blanca.
“No queremos ver tanques en nuestras calles. No queremos ver familias destrozadas, ni abuelas arrojadas a furgonetas sin identificar”, declaró el alcalde demócrata durante una conferencia de prensa. “Chicago no será cómplice de violaciones a los derechos humanos”.
El anuncio llega después de que Trump insinuara un despliegue militar similar al que ya ordenó en Washington D.C. y Los Ángeles. En esta última ciudad, miles de efectivos de la Guardia Nacional fueron enviados en junio tras protestas contra redadas migratorias, en un operativo que fue criticado por organizaciones civiles y autoridades locales.
Johnson aseguró que la orden ejecutiva instruye al Departamento de Leyes de la ciudad a utilizar “todos los mecanismos legales disponibles” para responsabilizar al Gobierno federal en caso de vulnerar los derechos de los habitantes de Chicago. La medida también cuenta con el respaldo del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y se coordina con otras administraciones demócratas, como la de Los Ángeles.
Finalmente, el alcalde lanzó un mensaje directo contra Trump:
“El presidente es la mayor amenaza para nuestra democracia que jamás haya experimentado nuestro país”.
Con este paso, Chicago se suma al bloque de ciudades que buscan blindarse ante un posible endurecimiento de la política migratoria federal y una creciente tensión entre la Casa Blanca y las autoridades locales demócratas.
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