A más de seis meses del cierre del sistema CBP One, miles de migrantes permanecen varados en Ciudad Juárez, Chihuahua, atrapados entre el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos y la limitada capacidad de respuesta del Estado mexicano. La cancelación de esta plataforma, que desde enero de 2025 dejó de operar como vía para solicitar asilo, ha profundizado una crisis humanitaria que se arrastra desde hace años en la frontera norte.
De acuerdo con un sondeo realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de las personas migrantes en esta ciudad fronteriza lleva más de medio año en territorio mexicano sin una ruta clara para regularizar su situación o continuar su trayecto. El estudio, aplicado entre julio y diciembre del año pasado a 272 extranjeros —principalmente de Venezuela, Honduras y Guatemala— revela el impacto directo de las decisiones tomadas desde Washington en la vida cotidiana de miles de personas.
Aunque casi la mitad de los encuestados ha logrado rentar un cuarto, el 39 por ciento sigue dependiendo de albergues y un sector menor de redes familiares o de conocidos. Esta precariedad se agrava por el hecho de que el 82 por ciento carece de documentos migratorios en México, lo que los expone a la informalidad laboral, a abusos y a una constante incertidumbre jurídica.
El dato es aún más revelador cuando se observa que el 62 por ciento intentó obtener una cita a través de CBP One y que, de ellos, casi un tercio sí logró una fecha para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump truncó esa posibilidad, dejando a estas personas en un limbo migratorio sin alternativas claras.
Las necesidades más urgentes reflejan la falta de una estrategia binacional efectiva: tres de cada cuatro migrantes requieren generar ingresos, más de un tercio necesita alimentos, y uno de cada tres demanda documentos y asistencia legal. Aun así, las opciones laborales siguen siendo limitadas: el 45 por ciento está desempleado y buscando trabajo, mientras que sólo una minoría cuenta con empleo formal o por cuenta propia.
Pese a este panorama, el 67 por ciento considera permanecer en Ciudad Juárez, no por convicción, sino por falta de opciones reales. El retorno a sus países de origen, la reubicación en otra ciudad de México o el ingreso a Estados Unidos aparecen como escenarios cada vez más lejanos.
La situación evidencia cómo las decisiones de política migratoria en Estados Unidos, sin coordinación efectiva con México ni mecanismos de protección alternativos, trasladan el costo humano y social a las ciudades fronterizas. Mientras tanto, Ciudad Juárez continúa absorbiendo una crisis que no generó, pero que enfrenta prácticamente sola, en medio de la saturación de albergues, la informalidad laboral y la ausencia de soluciones estructurales.
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