La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, al concluir que las autoridades fallaron en investigar el caso con la debida diligencia en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada.
En la sentencia notificada el 19 de diciembre, el tribunal determinó que México violó el derecho a conocer la verdad al no esclarecer la desaparición, tortura y asesinato de la joven de 17 años, madre de dos hijos y trabajadora de una maquiladora. La Corte también acreditó la falta de prevención e investigación de los atentados sufridos por su madre, Norma Andrade, mientras exigía justicia.
Lilia Alejandra salió a trabajar el 14 de febrero de 2001 y no regresó a casa. Su madre denunció la desaparición, pero la autoridad no actuó con prontitud. Una semana después, el 21 de febrero, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío; la causa de muerte fue estrangulamiento manual, con indicios de agresión sexual previa. Entre 2001 y 2010, el caso pasó por diversas fiscalías sin avances sustantivos, con dudas sobre la integridad y exhaustividad del análisis de pruebas. Apenas desde 2023 existe un proceso penal en curso contra una persona.
La Corte IDH subrayó que los hechos ocurrieron en un entorno de violencia sistémica contra las mujeres en Ciudad Juárez, donde desde finales de los años noventa se registraron numerosos asesinatos que conmocionaron a la frontera norte. En 2009, el tribunal ya había condenado a México por los feminicidios del caso conocido como “Campo Algodonero”.
Además de las violaciones a los derechos de Lilia Alejandra, la sentencia reconoció afectaciones a Norma Andrade y a José García, padres de la víctima, así como a los derechos de sus hijos, Jade Tikva y José Kaleb, quienes quedaron en orfandad. La Corte estableció responsabilidad del Estado por violaciones a la protección judicial y a la igualdad ante la ley.
Aunque México realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, el tribunal ordenó concluir las investigaciones, ofrecer una disculpa pública y adoptar medidas de no repetición para garantizar que casos de violencia feminicida sean investigados con perspectiva de género. Se trata de la segunda condena contra el Estado mexicano dada a conocer esta semana por la Corte IDH, tras un fallo previo por la violación sexual, tortura y muerte de una mujer indígena nahua en hechos de hace casi dos décadas.
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