La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a los planes del presidente Donald Trump para reestructurar drásticamente el aparato burocrático federal, al anular fallos previos que bloqueaban su ambiciosa reducción de personal, impulsada desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), anteriormente encabezado por Elon Musk.
En una resolución no firmada, el alto tribunal permitió que siga adelante la orden ejecutiva emitida por Trump en febrero pasado, la cual instruye a las agencias federales a aplicar despidos, jubilaciones anticipadas y licencias sin goce de sueldo. La decisión se tomó sin que hubiera un caso específico sobre recortes ante los jueces, lo que ha despertado preocupación en sectores jurídicos y laborales.
La única voz disidente fue la de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien acusó a la mayoría conservadora del tribunal de actuar con un “entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia”.
Aunque el gobierno no ha divulgado una cifra oficial, se estima que al menos 75,000 empleados federales han aceptado renuncias diferidas y que miles más en período de prueba han sido despedidos. Sindicatos y organizaciones civiles advierten que los recortes, que podrían afectar entre el 40% y el 50% de algunas agencias, comprometen funciones esenciales del Estado.
Las dependencias más afectadas incluyen los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. También están en riesgo la Agencia de Protección Ambiental, la Administración del Seguro Social y la Fundación Nacional de Ciencias, entre otras.
Una batalla judicial en curso
En mayo pasado, la jueza federal Susan Illston —designada por el expresidente Bill Clinton— había frenado la ejecución de la orden al considerar que las reducciones significativas requerían la aprobación del Congreso. Esa decisión fue confirmada por una corte de apelaciones, pero ahora queda sin efecto tras el pronunciamiento de la Corte Suprema.
El presidente Trump ha sostenido que su victoria electoral fue un mandato para “reinventar el gobierno federal”, y defendió la medida como necesaria para eliminar lo que él llama “la burocracia del pantano”. Elon Musk, quien lideró el DOGE hasta hace unas semanas, implementó un agresivo plan de recortes basado en criterios de eficiencia operativa.
Grupos laborales, defensores del servicio público y algunos legisladores han calificado la medida de “desmantelamiento institucional” y advierten sobre consecuencias graves, como la interrupción de programas de asistencia alimentaria, retrasos en la atención médica para veteranos y parálisis en proyectos de investigación científica.
Con la campaña presidencial en marcha, esta decisión podría convertirse en un eje de debate. Mientras Trump celebra la victoria judicial como un triunfo de su visión de “gobierno esbelto”, sus críticos ven en ello un paso hacia la erosión de los contrapesos y la funcionalidad del Estado.
El futuro inmediato de decenas de miles de trabajadores federales queda ahora en manos de cada agencia, mientras se avecina una oleada de litigios individuales y demandas por despido injustificado.
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