La detención de migrantes en Estados Unidos se ha convertido en un negocio altamente lucrativo impulsado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump y la creciente participación de empresas privadas, de acuerdo con investigaciones de The Washington Post y The Intercept.
Según los reportes, la administración federal planea habilitar y renovar almacenes industriales para encerrar de manera simultánea hasta 80 mil personas migrantes, como parte de una estrategia para acelerar las deportaciones. Estas instalaciones se ubicarían cerca de grandes centros logísticos en estados como Texas, Arizona, Georgia, Luisiana, Virginia y Misuri, con el objetivo de facilitar traslados y operativos de detención a gran escala.
Paralelamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impulsa un programa de “cazarrecompensas” que beneficia directamente a compañías privadas contratistas. Registros de contratación revisados por The Intercept muestran que al menos 10 empresas ya han recibido más de un millón de dólares y se estima que los contratos podrían superar los mil millones de dólares hacia 2027. El contrato más grande del programa alcanzaría los 365 millones de dólares.
Los documentos oficiales detallan que la agencia planea perseguir a cerca de 1.5 millones de inmigrantes en territorio estadounidense, lo que refuerza la idea de que la captura y detención se han convertido en un esquema rentable, sostenido por recursos públicos y administrado por actores privados.
El despliegue de recursos no se limita a contratos civiles. El gobierno de Trump ordenó el envío de 350 efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad de Nueva Orleans, en un operativo que permanecerá activo hasta febrero, según confirmó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Esta acción coincide con una ofensiva antinmigrante liderada por la Patrulla Fronteriza, cuyo objetivo es detener a al menos 5 mil personas.
En el ámbito legal, una jueza federal rechazó una demanda de la Cámara de Comercio de Estados Unidos contra la tarifa de 100 mil dólares impuesta por el gobierno a las visas para trabajadores extranjeros altamente calificados. La juzgadora determinó que el Congreso otorgó al presidente la autoridad para imponer las restricciones que considere apropiadas a la entrada de extranjeros.
A nivel internacional, Washington también ha firmado acuerdos para facilitar deportaciones. Uno de ellos es el pacto con Palau, por un monto de 7.5 millones de dólares, para que el país insular reciba a 75 migrantes expulsados por Estados Unidos.
En este contexto, el discurso oficial insiste en el cierre de fronteras. Durante su mensaje navideño, Donald Trump arremetió contra la “izquierda radical”, las personas transgénero y los migrantes, al asegurar que Estados Unidos “ya no tiene fronteras abiertas”, en un escenario donde la política migratoria se perfila cada vez más como un negocio rentable.
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