La discriminación estructural que durante décadas han enfrentado diversos grupos vulnerables mantiene a Puebla como una de las entidades con mayores rezagos en inclusión social a nivel nacional, particularmente en perjuicio de pueblos indígenas, personas con discapacidad, mujeres y la comunidad LGBTTTIQ+.
De acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS) 2025, elaborado por la organización México, ¿Cómo Vamos?, Puebla obtuvo apenas 49 por ciento en el indicador de inclusión, un resultado que se encuentra muy por debajo de la media nacional, ubicada en 56.9 por ciento, lo que refleja profundas desigualdades en el acceso a derechos y oportunidades.
Este desempeño coloca al estado en el cuarto lugar nacional con menor nivel de inclusión social, sólo superado por Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entidades que históricamente concentran los mayores desafíos en materia de desigualdad y exclusión para sectores históricamente marginados.
El informe advierte que la discriminación por orientación sexual, adscripción indígena y sexo continúa siendo uno de los principales factores que limitan el acceso a derechos básicos, como la educación, el empleo formal, los servicios de salud y la participación social, situación que ha provocado el ensanchamiento de las brechas sociales y económicas en la entidad.
Uno de los puntos más críticos señalados por el análisis es la persistente exclusión de las mujeres en espacios de representación política, especialmente en cargos públicos y congresos locales, fenómeno que se replica en contra de la población LGBTTTIQ+, indígena y de personas con discapacidad, quienes enfrentan obstáculos estructurales para incidir en la toma de decisiones.
Aunque el reporte reconoce que Puebla ha registrado un avance acumulado de 8.8 puntos desde 2015 en materia de inclusión, este progreso ha sido irregular y frágil, con retrocesos documentados en 2018, 2019 y 2023, lo que evidencia la falta de continuidad y eficacia en las políticas públicas implementadas.
Durante el transcurso de 2025, los grupos históricamente vulnerados han intensificado sus manifestaciones en el estado, con el objetivo de visibilizar la exclusión que enfrentan y exigir mejores condiciones de vida. En particular, la comunidad LGBTTTIQ+ ha centrado sus demandas en la creación de una legislación integral que garantice el respeto a sus derechos y erradique prácticas discriminatorias en todos los ámbitos.
En el caso de las mujeres organizadas en colectivas feministas, las movilizaciones realizadas el pasado 8 de marzo en el Centro Histórico de Puebla pusieron de manifiesto la urgencia de implementar una educación con perspectiva de género y de garantizar un transporte público seguro, ante los constantes casos de violencia y exclusión que persisten en la entidad.
Por su parte, agrupaciones de personas con discapacidad han denunciado que las limitaciones en educación, empleo y acceso a servicios de salud continúan sin resolverse, además de señalar la ausencia de infraestructura pública adecuada que les permita ejercer su derecho a la movilidad y al libre tránsito.
Estas denuncias, coinciden los colectivos, ponen en evidencia una deuda histórica tanto de las autoridades como de la sociedad, que no ha logrado atender de manera integral ni sostenible las necesidades de estos sectores, manteniendo a Puebla en una posición rezagada frente al resto del país en materia de inclusión social.
Foto: Agencia Enfoque
