En un giro significativo a su política migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este miércoles la eliminación de los límites de edad para nuevas contrataciones en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el marco de una estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para acelerar las deportaciones masivas.
La medida se da tras la aprobación de un paquete presupuestario en el Congreso que asigna recursos extraordinarios para contratar a 10,000 nuevos agentes y personal de apoyo en ICE. Según el comunicado oficial, la intención es ampliar la base de reclutamiento “para que aún más patriotas califiquen para unirse al ICE” y se sumen a las tareas de localización, arresto, detención y deportación de personas sin estatus legal en el país.
Actualmente, las reglas establecían que los solicitantes debían tener entre 21 y 37 años, o hasta 40 en algunos puestos especializados. Sin embargo, la nueva política elimina este rango, permitiendo incluso el ingreso de jóvenes desde los 18 años.
“Puedes tener 18 años, ingresar al ICE y unirte a nosotros. Te capacitaremos y te prepararemos para salir a las calles y ayudar a proteger a las familias estadounidenses”, declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con el programa Fox & Friends.
La funcionaria subrayó que todos los reclutas deberán cumplir con requisitos de salud, pruebas antidopaje y evaluaciones físicas antes de incorporarse.
La medida forma parte de una agresiva campaña de reclutamiento que incluye incentivos económicos: bonos de contratación de hasta 50,000 dólares, condonación de préstamos estudiantiles y amplias oportunidades de horas extra para los agentes. Además, el ICE busca integrar perfiles variados, incluyendo oficiales de deportación, investigadores y abogados especializados en procesos migratorios.
Este anuncio marca un paso más en el endurecimiento de la política migratoria del gobierno republicano, en momentos en que la administración Trump ha prometido ejecutar una “reforma profunda” en el control fronterizo y en la aplicación interna de las leyes migratorias. Diversos sectores han advertido sobre los posibles impactos en los derechos humanos y las comunidades migrantes, mientras el gobierno avanza en su objetivo de acelerar las deportaciones a gran escala.
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