El Departamento de Estado anunció este viernes la imposición de sanciones migratorias al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a cuatro años exactos de las históricas protestas del 11 de julio de 2021. La decisión marca un nuevo capítulo en la política de mano dura reactivada por el gobierno de Donald Trump.
Las sanciones también afectan al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, así como a sus familiares directos, quienes tendrán prohibido el ingreso a territorio estadounidense. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, de ascendencia cubana, los tres funcionarios fueron señalados por su “participación directa en graves violaciones a los derechos humanos” durante y después de la represión del 11J, que dejó más de 1,400 detenidos y denuncias de tortura, según organizaciones internacionales. Sostuvo Rubio:
“Esta administración no permitirá que los responsables de encarcelar y maltratar a quienes se manifestaron pacíficamente escapen a la rendición de cuentas. Cuba no puede seguir reprimiendo con impunidad”.
Las medidas también incluyen restricciones de visado a funcionarios judiciales y penitenciarios vinculados a la represión de manifestantes, así como la actualización de las listas de Propiedades Restringidas y Alojamientos Prohibidos en Cuba. En total, se añadieron 11 nuevas entidades, entre ellas el lujoso hotel “Torre K”, un rascacielos de 42 pisos en La Habana que, según EE.UU., pertenece al conglomerado militar GAESA.
Estas decisiones se enmarcan en el memorando emitido por Trump el 30 de junio, en el que se compromete a acabar con lo que calificó como “las prácticas económicas que enriquecen a los represores del pueblo cubano”. El documento prohíbe además las transacciones financieras con entidades controladas por el ejército cubano y refuerza la prohibición del turismo estadounidense en la isla.
La respuesta de La Habana no se hizo esperar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó las sanciones de “inmorales y hostiles”, y acusó a Estados Unidos de mantener una guerra económica prolongada y despiadada contra Cuba:
“La nueva escalada demuestra el verdadero rostro de la política imperial: castigar al pueblo cubano bajo pretextos de derechos humanos mientras se encubre el bloqueo criminal”.
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