CIUDAD DE MÉXICO, 22 DE AGOSTO DE 2025. En una decisión que revela las tensiones sobre la aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, el gobierno mexicano manifestó formalmente su desacuerdo con las conclusiones del panel arbitral en el caso que involucra a la empresa Atento Servicios.
El pasado 21 de agosto de 2025, el panel determinó que la compañía mexicana denegó derechos de libertad sindical y negociación colectiva a sus trabajadores en las instalaciones de Pachuca I e Interplaza, y que las acciones reparatorias implementadas resultaron insuficientes.
A pesar de la contundencia del fallo, las secretarías de Economía y del Trabajo emitieron un comunicado conjunto para expresar su objeción. Ambas dependencias argumentaron que su actuación se apegó a la legislación nacional, los compromisos internacionales y el principio de buena fe. La STPS había convocado y moderado seis mesas de diálogo entre Atento y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) entre abril de 2024 y enero de 2025 para abordar las solicitudes del sindicato, incluyendo el acceso a los centros de trabajo y el reconocimiento de su dirigencia.
Un choque de visiones sobre el Mecanismo Laboral
El gobierno mexicano manifestó su preocupación por la manera en que el panel desarrolló su análisis. Afirmó que el panel no consideró todos los argumentos que México presentó, como una objeción jurisdiccional, e introdujo elementos no planteados por las partes. Además, México criticó que el análisis no abordó aspectos fundamentales como la asignación de la carga de la prueba según las reglas de procedimiento, la valoración de la revisión interna que la STPS realizó, y la pertinencia de las medidas reparatorias.
Este caso marca un precedente crucial. Para Estados Unidos, el fallo del panel representa una victoria significativa en su política comercial y laboral, pues valida el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida como una herramienta efectiva para garantizar derechos laborales. El Departamento de Trabajo estadounidense, en su comunicado, destacó que el panel halló evidencia que «sin duda prueba la injerencia indebida y la discriminación antisindical de Atento», a la vez que resaltó la «gravedad, duración y naturaleza estructural de la denegación» de derechos.
Por su parte, el gobierno mexicano reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de los trabajadores, pero insiste en la necesidad de que el mecanismo del T-MEC se aplique con «sensatez, equilibrio y conforme a los principios de buena fe». Al mismo tiempo, el país busca fortalecer sus estructuras institucionales nacionales para atender estos asuntos, preservando su soberanía. La reanudación del diálogo entre las partes, el 13 de agosto, sugiere que México busca una solución pragmática y consensuada, a pesar de las discrepancias en torno al fallo.
Este caso ilustra el desafío de equilibrar la soberanía nacional con los compromisos adquiridos en tratados comerciales internacionales.
FOTOGRAFÍA: X/AMEC/
