La reciente visita de Erik Prince, fundador de la polémica empresa militar privada Blackwater (actualmente Academi), ha encendido las alarmas en sectores civiles, académicos y de derechos humanos en Perú, al tiempo que expone una estrategia más amplia de injerencia privada promovida desde Washington en la región andina.
Invitado por el economista Hernando de Soto, el ex Navy SEAL llegó a Lima con la promesa de “capacitar” a las fuerzas del orden y apoyar a comunidades civiles en “zonas críticas” afectadas por la minería ilegal, el narcotráfico y la pobreza estructural. No obstante, su historial —marcado por intervenciones con saldo de violaciones graves a los derechos humanos en Irak, Somalia y Haití— genera una creciente preocupación sobre el rumbo que podría tomar la seguridad interna en Perú.
Prince ha presentado su iniciativa como una transferencia de “buenas prácticas” utilizadas en otros contextos. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que su modelo de intervención, basado en el uso de fuerzas privadas con escaso control civil, representa una amenaza directa a la soberanía nacional y al principio constitucional de subordinación de las fuerzas armadas al poder democrático.
“Perú no necesita un ejército de mercenarios, necesita una política de Estado que enfrente las causas profundas de la exclusión”, declaró un académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien alertó que sin un marco legal claro, estas compañías operarían sin rendir cuentas, replicando el patrón de impunidad que caracterizó la actuación de Blackwater en Bagdad durante la ocupación estadounidense.
Durante su visita, Prince se reunió con agrupaciones de mineros informales junto a De Soto, quienes exigieron seguridad jurídica y simplificación de trámites de titulación. Pero sus propuestas, lejos de plantear soluciones estructurales, parecen orientadas a reforzar respuestas de fuerza que han demostrado ser ineficaces y altamente conflictivas en el pasado.
El viaje de Prince a Perú forma parte de una gira regional que incluyó una parada previa en Quito, donde habría negociado acuerdos en materia de seguridad marítima y lucha antidrogas, incluyendo incluso la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en Ecuador. Este patrón de alianzas y contratos opacos preocupa a defensores de derechos humanos, que ven en ello un intento de externalizar la seguridad pública y evadir mecanismos de control institucional.
“Estamos frente a una nueva forma de privatización del conflicto social, en la que se delega a contratistas extranjeros lo que debería ser responsabilidad indelegable del Estado: proteger a su población con legalidad y transparencia”, advirtió un miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Críticos del gobierno de Dina Boluarte señalan que esta estrategia profundiza la militarización de zonas rurales y desplaza soluciones democráticas, como la inversión en desarrollo rural, el fortalecimiento institucional y el acompañamiento internacional bajo normas de derechos humanos. Mientras tanto, Prince promete “herramientas e inteligencia”, pero su legado demuestra que, adonde llegan sus empresas, también lo hacen la opacidad, los privilegios contractuales y la impunidad.
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