Una coalición de fiscales generales de veinte estados de Estados Unidos, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alzó la voz este martes para exigir al Congreso que prohíba el uso de máscaras y ropa de civil por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante sus operativos.
A través de una carta dirigida a ambas cámaras del Congreso, los fiscales alertaron sobre el alarmante crecimiento de redadas llevadas a cabo por agentes no identificados, a menudo en vehículos sin distintivos oficiales. En la misiva, advirtieron que esta práctica representa una amenaza directa a la seguridad pública y socava la rendición de cuentas institucional, denunció James en un comunicado:
“Es profundamente preocupante que, en Estados Unidos, agentes enmascarados puedan detener a personas en las calles, en vehículos sin identificación, sin siquiera identificarse como agentes del orden”.
Los fiscales —entre ellos representantes de California, Massachusetts, Illinois, Michigan, el Distrito de Columbia y otros 15 estados— coincidieron en que esta opacidad ha generado confusión y miedo en comunidades enteras, sobre todo entre migrantes y minorías. Señalan que la falta de identificación impide que ciudadanos y testigos distingan entre una detención legal y un posible secuestro, lo que también obstaculiza la denuncia de abusos.
La coalición pidió que toda intervención de ICE en espacios públicos esté claramente marcada con insignias, uniformes y vehículos oficiales, para garantizar la transparencia y el debido proceso.
Además, expresaron preocupación por los operativos realizados incluso en juzgados, centros de trabajo y viviendas particulares, donde se han registrado detenciones de ciudadanos comunes, pero también de representantes políticos vinculados al Partido Demócrata.
El reclamo se da en el contexto del agresivo plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump, quien ha reforzado a ICE con un presupuesto sin precedentes, cercano a los 75 mil millones de dólares —una cifra superior a la de muchas fuerzas armadas del mundo—, según expertos en seguridad nacional.
Este episodio añade una nueva capa al debate sobre el papel de ICE y la militarización de las políticas migratorias en EE.UU., mientras la presión social y política por frenar estas prácticas sigue escalando. Por ahora, la pelota está en el Congreso.
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