El gobierno de Florida, encabezado por el republicano Ron DeSantis, avanza en la habilitación de un segundo centro de detención migratoria, esta vez en el norte del estado, cerca del sitio militar de Camp Blanding. Esta nueva instalación complementará la operación de “Alligator Alcatraz”, el polémico centro inaugurado hace un mes en una zona pantanosa del oeste de Miami, y que actualmente alberga a unos 2,000 migrantes.
La existencia del proyecto fue revelada a partir de documentos públicos que muestran la adjudicación de un contrato por 39,490 dólares a la empresa WeatherSTEM. Según el contrato registrado en el sistema de contrataciones públicas de Florida (FACTS), la compañía deberá proporcionar un sistema de alertas meteorológicas para un sitio identificado como “North Detention Facility”, que comenzará operaciones el próximo 8 de agosto.
La inclusión de este nuevo centro ha generado críticas por parte de legisladores estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes cuestionan la falta de transparencia en su planeación y su posible ubicación en instalaciones militares. La congresista estatal demócrata Anna V. Eskamani fue una de las primeras en denunciar la operación, señalando que podría tratarse de Camp Blanding, un campo de entrenamiento de la Guardia Nacional de aproximadamente 295 kilómetros cuadrados al suroeste de Jacksonville.
La apertura de este centro formaría parte de una estrategia más amplia de DeSantis para apoyar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de una declarada “emergencia migratoria”. Esta narrativa ha sido utilizada para justificar la construcción acelerada de centros de detención, incluyendo Alligator Alcatraz, cuya edificación costó alrededor de 450 millones de dólares y que fue levantado en un antiguo aeropuerto abandonado en los Everglades, rodeado de pantanos y reptiles.
Desde su apertura, “Alligator Alcatraz” ha servido como punto de deportación para más de 600 migrantes, operando con una capacidad inicial de 2,000 detenidos, aunque se espera que alcance los 4,000 en los próximos meses, según el director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), Kevin Guthrie.
A este contexto se suma la reciente decisión de la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) de destinar 608 millones de dólares a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes, en lo que parece ser una estrategia nacional de fortalecimiento del aparato migratorio bajo argumentos de seguridad y emergencia.
Política migratoria en expansión y creciente crítica
La expansión del sistema de detención migratoria en Florida ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre las condiciones inhumanas de detención, la criminalización de la migración y el uso de fondos públicos para reforzar políticas de corte punitivo.
Si bien el gobierno de DeSantis ha defendido estas acciones como medidas para enfrentar la “crisis migratoria”, organizaciones civiles han denunciado una creciente militarización del trato hacia migrantes en Florida, que va desde leyes estatales antimigrantes hasta operativos masivos de detención y deportación.
En medio de una campaña presidencial en la que la migración sigue siendo uno de los temas más polarizantes, la construcción de centros como “Alligator Alcatraz” y el nuevo “North Detention Facility” podría marcar un precedente sobre cómo los gobiernos estatales intervienen en el diseño e implementación de políticas migratorias que históricamente han sido federales.
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