Dos fallos judiciales emitidos en las últimas horas han representado un duro golpe a la política migratoria del presidente Donald Trump, al suspender temporalmente tanto las deportaciones exprés de migrantes como la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal.
En primer lugar, la jueza Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, ordenó detener el uso de deportaciones aceleradas —también conocidas como «deportaciones exprés»— contra migrantes que habían ingresado legalmente al país bajo programas humanitarios establecidos durante la administración de Joe Biden. Cobs calificó el procedimiento como “profundamente defectuoso” y carente de garantías básicas de debido proceso, al negarse audiencias y acceso a representación legal a miles de beneficiarios, entre ellos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones como CHIRLA, la Red UndocuBlack y CASA, que alegaron que la administración Trump eliminó de forma arbitraria programas como Aliados Bienvenidos y el CHNV, exponiendo a los migrantes a deportaciones inmediatas a pesar de haber seguido las normas establecidas. “Este caso plantea una cuestión de equidad”, escribió la magistrada, subrayando que el Ejecutivo no puede cambiar retroactivamente las reglas de ingreso sin violar la ley federal.
Cobs también criticó las tácticas de detención “cada vez más similares a las de regímenes autoritarios” y se preguntó si Estados Unidos está expulsando a migrantes “como lo harían los países de los que intentaron escapar”.
En una decisión paralela, la jueza Trina Thompson, del Distrito Norte de California, bloqueó hasta noviembre la revocación del TPS para miles de hondureños, nicaragüenses y nepaleses que se beneficiaban del programa desde catástrofes ocurridas en sus países —como el huracán Mitch en 1998 y el terremoto de Nepal en 2015.
Thompson fue aún más crítica en su fallo de 37 páginas, en el que denunció posibles motivaciones racistas detrás de las acciones del gobierno. “Se les exige que expíen por su raza, que se vayan por sus nombres y que purifiquen su sangre”, escribió la magistrada, en alusión a los discursos de Trump, quien ha afirmado que los migrantes “envenenan la sangre” de Estados Unidos. “El color no es un veneno ni un delito”, subrayó Thompson.
Ambos fallos congelan momentáneamente los intentos del gobierno de Trump de intensificar su política migratoria de línea dura, la cual busca alcanzar una meta de 800 deportaciones diarias y ha sido acompañada por una ofensiva legal contra programas humanitarios instaurados previamente.
La directora de CHIRLA, Angélica Salas, celebró las decisiones judiciales: “Los migrantes hicieron todo lo que el gobierno les pidió. Merecen la dignidad de un día en la corte”, afirmó. Por su parte, Ama Frimpong, directora legal de CASA, advirtió que la lucha legal aún no ha terminado: “Seguiremos en los tribunales para que esta protección sea permanente”.
El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la eliminación de los programas alegando que ya no cumplen sus objetivos ni responden a necesidades humanitarias actuales. Sin embargo, juezas como Cobs y Thompson han señalado que tales justificaciones carecen de fundamentos objetivos y podrían esconder intenciones políticas o prejuicios raciales.
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