La imagen de Nayib Bukele como firme defensor del “orden y la seguridad” empieza a fracturarse en el escenario internacional, tras la denuncia que la ONG Fundación El Amparo presentará ante la Corte Penal Internacional (CPI). La acusación señala directamente al presidente de El Salvador y a su cadena de mando por la supuesta responsabilidad en detenciones arbitrarias y tratos inhumanos contra más de 200 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.
Según el activista y presidente de la ONG, Walter Márquez, los migrantes fueron trasladados en marzo pasado a territorio salvadoreño bajo el pretexto de estar vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua, sin juicio previo, sin pruebas públicas, y en condiciones que podrían configurar desaparición forzada.
La gravedad de las acusaciones no es menor: según la ONU, ni El Salvador ni EE.UU. han ofrecido listados oficiales de los detenidos ni explicado su estatus legal. Algunos estarían recluidos en el temido Cecot, la megacárcel símbolo del “modelo Bukele” que ha sido criticada por organizaciones como Human Rights Watch por las condiciones de aislamiento y tortura documentadas en sus instalaciones.
Márquez y familiares de los venezolanos denunciaron que no pudieron visitar a los detenidos durante su viaje reciente a El Salvador: “Están incomunicados, sin juicio, en un país donde no han cometido delito alguno”, denunció. “Hemos presentado habeas corpus y no hay respuesta, ni siquiera se sigue el debido proceso. Eso es inaceptable”.
Además de recurrir a la CPI, la ONG acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares urgentes. La intención: frenar lo que describen como una cadena de abusos institucionales avalados por un gobierno que ha hecho del encarcelamiento masivo una estrategia política.
El caso se suma a una creciente lista de señalamientos sobre la política de seguridad de Bukele, cuyo gobierno ha sido acusado de usar la narrativa del combate al crimen para justificar violaciones sistemáticas a derechos fundamentales. Aunque el mandatario goza de una sólida popularidad interna, sus acciones están siendo cada vez más cuestionadas fuera de sus fronteras.
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